El Congreso Nacional de Honduras aprobó este lunes por unanimidad un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a fortalecer la lucha contra la extorsión, las maras y otras estructuras criminales que operan en el país. La iniciativa fue respaldada por diputados de distintas bancadas y presentada como una respuesta urgente al impacto que este delito tiene sobre comerciantes, transportistas y pequeños emprendedores.

Durante la sesión legislativa, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que las reformas buscan otorgar mayores herramientas legales a fiscales, jueces, policías y demás operadores de justicia encargados de enfrentar el crimen organizado en Honduras.

El titular del Legislativo sostuvo que durante años no existió voluntad política suficiente para enfrentar de manera efectiva el problema de la extorsión. En ese sentido, lamentó el desmantelamiento de la antigua Fuerza Nacional Antiextorsión, organismo que, según indicó, contaba con personal especializado y capacitado con apoyo de agencias internacionales.

Zambrano enfatizó que los diputados tienen la obligación de actuar pensando en las miles de personas afectadas diariamente por amenazas y cobros ilegales. Mencionó especialmente a conductores del transporte público, propietarios de pulperías, comerciantes de mercados y pequeños emprendedores que han sido víctimas directas de estructuras criminales.

El congresista también subrayó la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario hondureño, argumentando que las cárceles no deben continuar siendo centros desde donde se ordenen actividades ilícitas. Según expresó, será necesario identificar mecanismos de financiamiento junto a la Secretaría de Finanzas de Honduras para construir nuevos centros penales de mayor seguridad.

Asimismo, el presidente del Congreso reiteró que las Fuerzas Armadas de Honduras deben continuar colaborando con labores de seguridad ciudadana en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Honduras, tal como lo establece la Constitución de la República.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, Marcos Paz, explicó que las reformas incrementan las penas por delitos vinculados a la extorsión y agregan agravantes cuando se utilicen mujeres, menores de edad, servidores públicos o empleados del sistema financiero para cometer ilícitos.

Paz detalló además que se endurecen las sanciones relacionadas con revelación de secretos y con el uso ilegal de uniformes e indumentaria policial o militar, prácticas frecuentemente utilizadas por grupos criminales para intimidar a la población y cometer delitos.

Uno de los aspectos más relevantes de las reformas es la ampliación de responsabilidades penales alrededor de la cadena financiera de la extorsión. Según el dictamen aprobado, ya no solo será perseguido quien entregue amenazas o cobre dinero ilícito, sino también quienes faciliten cuentas bancarias, retiren fondos, transfieran dinero o reinviertan recursos provenientes de actividades criminales.

Las reformas también contemplan beneficios atenuantes para personas que colaboren eficazmente con las autoridades en la identificación y desarticulación de bandas dedicadas a la extorsión, una medida que busca incentivar la cooperación con fiscales e investigadores.

Otro punto incorporado en el decreto establece nuevas obligaciones para las empresas de telecomunicaciones, las cuales deberán mantener registros más rigurosos y verificables de sus usuarios. Además, estarán obligadas a entregar información solicitada por autoridades judiciales en un plazo máximo de 24 horas.

El jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, Jorge Cálix, manifestó que aprobar este tipo de reformas implica riesgos y amenazas, pero aseguró que existe responsabilidad política y moral de apoyar medidas destinadas a proteger a la ciudadanía.

Cálix destacó que los 41 diputados liberales votaron a favor del proyecto, señalando que el objetivo principal es golpear a quienes “juegan con la vida de los más humildes” mediante la extorsión y el terror en barrios y colonias del país.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras, Carlos Cano, sostuvo que las reformas representan una herramienta fundamental para el Ministerio Público y las instituciones de seguridad. Añadió que las medidas fortalecen el combate contra la criminalidad sin afectar el Estado de derecho.

El diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Julio Meléndez, respaldó las reformas argumentando que las instituciones investigativas han solicitado durante años mayor apoyo legal para enfrentar la mora judicial y las limitaciones existentes en procesos relacionados con extorsión.

Desde la bancada del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, el diputado Godofredo Fajardo afirmó que la población está cansada de la delincuencia y celebró que el Congreso respondiera con medidas concretas frente al problema de inseguridad.

Fajardo también expresó expectativas respecto a la creación de una agencia nacional contra el crimen, señalando que las instituciones deberán demostrar resultados efectivos una vez aprobadas las reformas y no recurrir posteriormente a excusas sobre limitaciones legales.

En contraste, el diputado de Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, pidió discutir las reformas artículo por artículo y manifestó preocupación sobre posibles usos políticos o persecuciones derivadas de las nuevas disposiciones legales.

Sarmiento recordó algunas de las medidas implementadas por Libre durante su administración, incluyendo el estado de excepción aplicado en sectores afectados por extorsión y criminalidad. También cuestionó que las reformas pudieran utilizarse para afectar políticamente a su partido.

Las declaraciones fueron rechazadas por el diputado Marcos Paz, quien lamentó que representantes de Libre no participaran activamente en las mesas técnicas desarrolladas dentro de la Comisión de Seguridad para discutir el contenido del proyecto.

Ante las críticas y suspicacias políticas, Tomás Zambrano insistió en que las reformas no tienen motivaciones ideológicas ni buscan perseguir a sectores políticos específicos.

“Esto no tiene nada que ver con política, esto tiene que ver con la única intención de darle seguridad al pueblo hondureño”, expresó Zambrano ante el pleno legislativo, rechazando interpretaciones sobre posibles ataques contra el partido oficialista.

El presidente del Congreso también aseguró que el decreto aprobado no hace ninguna referencia ideológica ni contiene disposiciones dirigidas contra Partido Libertad y Refundación o cualquier otra fuerza política.

Sin embargo, recordó que durante años anteriores sectores políticos impulsaron reformas al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que, según su criterio, permitieron utilizar mecanismos de inteligencia y seguridad con fines políticos contra opositores.

Las reformas aprobadas llegan en un contexto marcado por altos niveles de criminalidad y denuncias constantes de extorsión en Honduras, delito que afecta especialmente al transporte público, pequeños negocios y comerciantes informales en diversas ciudades del país.

Expertos en seguridad consideran que el endurecimiento de penas puede fortalecer las investigaciones y procesos judiciales, aunque advierten que el éxito de las medidas dependerá también de la capacidad institucional, la depuración policial, el fortalecimiento penitenciario y la coordinación efectiva entre fiscales, jueces y cuerpos de seguridad.