En Tegucigalpa, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) presentó un requerimiento fiscal en contra de Ninfa Suyapa Flores Castellanos, por suponerla responsable del delito de acoso laboral vertical.

La acusación se deriva de hechos ocurridos durante su gestión al frente del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, donde presuntamente ejerció actos de hostilidad y presión contra dos profesionales del derecho que laboraban en la institución.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la imputada habría aprovechado su posición jerárquica para someter a las víctimas a situaciones de intimidación y abuso de poder dentro del entorno laboral.

Uno de los hechos más relevantes se registró el 4 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas del INAMI, en la que presuntamente la exfuncionaria coaccionó a las afectadas para que firmaran sus renuncias.

Según el expediente, en ese encuentro Flores Castellanos habría utilizado amenazas, expresiones denigrantes y afirmaciones relacionadas con supuesta información personal obtenida de dispositivos móviles de las víctimas.

Las diligencias también establecen que ese mismo día la imputada llegó a la oficina de una de las profesionales acompañada de cuatro hombres armados, procediendo a desalojarla de su puesto de trabajo bajo el argumento de que estaba despedida.

Este hecho, según la Fiscalía, constituye un elemento clave dentro del patrón de conducta denunciado, evidenciando un ejercicio de presión indebida y abuso de autoridad.

Las investigaciones revelan además que las víctimas ya habían presentado denuncias previas por hostigamiento laboral, señalando una conducta reiterada por parte de la entonces titular del INAMI hacia el personal bajo su cargo.

El Ministerio Público sostiene que estos antecedentes refuerzan la acusación y permiten establecer un patrón sistemático de acoso dentro de la institución durante el período en que la imputada ejercía funciones.

El caso ahora seguirá su curso en los tribunales competentes, donde se determinará la responsabilidad penal de la exfuncionaria en base a las pruebas presentadas por la Fiscalía.