El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Juan Carlos Molina, valoró positivamente la reciente reforma legislativa que busca proteger las transferencias económicas destinadas a los gobiernos locales, al considerar que marca un precedente importante en favor de las municipalidades.

Molina, quien también se desempeña como alcalde de Olanchito, explicó que aunque será complejo revertir los embargos ejecutados antes de la entrada en vigor de la normativa, el nuevo marco legal establece límites claros que evitarán futuras afectaciones severas a las finanzas municipales.

El dirigente municipalista subrayó que uno de los principales alcances de la reforma es impedir la retención total —del 100 %— de las transferencias que el Estado asigna a las alcaldías, una práctica que en meses recientes generó serias dificultades operativas en distintos municipios del país.

“Del decreto en adelante no volveremos a ver embargos totales que paralicen a los gobiernos locales”, enfatizó Molina, al referirse al impacto que espera tenga la nueva disposición aprobada por el Congreso Nacional.

La reforma, aprobada el pasado 12 de marzo por el Congreso Nacional de Honduras, establece un límite de hasta el 30 % para los embargos judiciales sobre las transferencias municipales, garantizando así que al menos el 70 % de estos recursos permanezcan disponibles para la gestión local.

En relación con los procesos iniciados antes de la reforma, Molina detalló que serán objeto de revisión para determinar su legalidad bajo el nuevo esquema normativo, en un esfuerzo por corregir posibles irregularidades y brindar mayor claridad jurídica.

Este proceso de evaluación será desarrollado de manera conjunta entre la Procuraduría General de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de asegurar que las decisiones adoptadas respeten el marco legal vigente.

De acuerdo con la Amhon, al menos 30 alcaldías han sido afectadas por embargos en los últimos meses, lo que ha limitado la ejecución de proyectos, el cumplimiento de obligaciones y la prestación de servicios básicos, por lo que la reforma es considerada una “nueva conquista” para los gobiernos locales.