Las organizaciones opositoras nicaragüenses agrupadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) hicieron este miércoles un llamado urgente a los Estados democráticos y a organismos internacionales para que utilicen “sin demora” los mecanismos legales y diplomáticos disponibles para actuar contra el Gobierno de Nicaragua, liderado por los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, por supuestas violaciones sistemáticas de derechos humanos.
En una declaración pública, los opositores sostuvieron que “Nicaragua lleva años sumida en una noche oscura bajo una dictadura que ha cometido crímenes de lesa humanidad”, y que la solidaridad internacional y la acción responsable son esenciales para proteger al pueblo nicaragüense.
El comunicado señala que un informe reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua documenta que Ortega, Murillo y al menos 52 altos funcionarios —incluidos el jefe de la Policía Nacional y el comandante del Ejército— son presuntos responsables de delitos como asesinato, tortura, encarcelamiento arbitrario, desaparición forzada y persecución política desde abril de 2018.
Los opositores recordaron que, además de estas violaciones, el informe de la ONU denuncia que el régimen mantiene una estructurada red de vigilancia e inteligencia transnacional para monitorear e intimidar a nicaragüenses en el extranjero mediante espionaje digital, agentes encubiertos y la instrumentalización de INTERPOL.
El documento también alerta que la comunidad internacional podría utilizar el principio de jurisdicción universal, llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad, conforme a tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Aplastida.
Las organizaciones opositoras subrayaron que, aunque la responsabilidad principal de impartir justicia recae en los nicaragüenses, “la comunidad internacional tiene la responsabilidad subsidiaria de proteger a un pueblo indefenso y garantizar el respeto a los derechos humanos”.
El informe del grupo de expertos de la ONU fue presentado recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos y revela cómo el Gobierno financia la represión con fondos públicos y coordina acciones contra críticos en el exilio, violando normas internacionales.
Expertos internacionales advierten que la represión y la corrupción institucional se han convertido en métodos de gobierno bajo Ortega y Murillo, extendiendo la persecución política más allá de las fronteras nicaragüenses y afectando a “cientos de miles” de ciudadanos en el exterior.
La oposición también recordó que Nicaragua se retiró de varios mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluida la participación en el Consejo de Derechos Humanos, dificultando aún más el acceso a información y cooperación internacional para supervisar las violaciones documentadas.
PUDE insistió en que la denuncia internacional y el uso de mecanismos jurídicos deben iniciarse “sin demora”, para que los responsables enfrenten consecuencias legales por los abusos presuntamente cometidos, y para presionar por una restauración de derechos y libertades en Nicaragua.
