TEGUCIGALPA, HONDURAS.– El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, adelantó que la discusión sobre la derogación de algunos artículos de la Ley de Amnistía Política aprobada en 2022 es un proceso que probablemente se resolverá en los próximos días.

“Es un tema que yo miro casi inevitable que va a suceder en los próximos días”, declaró Zambrano, refiriéndose al debate jurídico que ha generado el decreto y la polémica en torno a su legalidad.

El titular del Legislativo recordó que la iniciativa ya fue presentada y remitida a la comisión de dictamen correspondiente, insistiendo en que el decreto 04-2022 carece de sustento constitucional.

“Ese decreto es inconstitucional e ilegal. Primero, porque no tenían quórum; segundo, porque lo aprobaron con una directiva ilegal; tercero, la Constitución no le da atribución al Congreso de poder establecer amnistía contra personas por corrupción o delitos contra la administración pública”, sostuvo.

Zambrano enfatizó que “el decreto desde su nacimiento es inconstitucional e ilegal, es nulo de pleno derecho”, por lo que confía en que la discusión y eventual derogación se ajustará al procedimiento legislativo establecido.

La propuesta de derogar la ley fue presentada el pasado martes por la vicepresidenta del Congreso y diputada nacionalista, Lissi Matute Cano, como parte de los esfuerzos para garantizar la legalidad de los actos del Legislativo.

El decreto 04-2022 había creado la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, cuyo objetivo inicial era otorgar amnistía a presos políticos y exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, generando críticas y cuestionamientos legales desde su aprobación.

Consultado sobre el impacto de este debate en el presupuesto y la reducción del aparato estatal, Zambrano aclaró que la disminución de recursos no implica menor inversión social, sino que se proyecta una mayor focalización en programas prioritarios.

El presidente del Congreso reconoció que el Legislativo aún no tiene acceso al detalle técnico del proyecto del Presupuesto General de la República. “Todavía no conocemos en detalle; recuerde que no ha llegado al Congreso. Hemos hablado únicamente de manera informal sobre lo que viene a cabo de la elaboración del presupuesto en el Ejecutivo”, explicó.

Zambrano precisó que será hasta la remisión oficial del presupuesto cuando el Congreso podrá analizarlo formalmente, determinando cómo se distribuirán los recursos y cuál será el impacto real en las diferentes áreas del Estado.

El debate sobre la amnistía política y la revisión del presupuesto representan para el Congreso un doble desafío: garantizar la legalidad de sus actos y, al mismo tiempo, asegurar que las decisiones financieras respondan a las necesidades sociales y al desarrollo del país.

El titular del Legislativo insistió en que todo procedimiento debe ceñirse estrictamente a la Constitución y a los procesos legales, destacando que la prudencia y el cumplimiento normativo serán claves para avanzar en la discusión sobre la ley de amnistía y el manejo de recursos públicos.