La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, presentó este martes una iniciativa de ley que propone derogar varios artículos del decreto 04-2022, más conocido como el "Pacto de Impunidad" con el objetivo de revisar los efectos jurídicos de su aplicación y reforzar el marco institucional en materia de justicia.
El decreto 04-2022 creó la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, que originalmente buscaba otorgar amnistía a presos políticos y a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, entre 2006 y 2009. Según la nueva propuesta, su aplicación habría excedido los límites previstos, afectando la persecución de delitos comunes y de corrupción.
La iniciativa de Matute Cano plantea derogar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 del decreto, además de anular las cartas de libertad concedidas bajo esta normativa. Se ordena a jueces y tribunales revisar de oficio los casos en los que se haya aplicado este beneficio, asegurando que se cumpla el debido proceso.
Asimismo, los expedientes que se encuentren archivados en el Ministerio Público, juzgados y tribunales deberán reactivarse, garantizando que las investigaciones y procesos judiciales continúen hasta su resolución definitiva. La medida busca evitar vacíos legales y reforzar la acción institucional.
El proyecto también establece que el Ministerio Público ejercerá la acción penal en estos casos, sin depender de la intervención de acusadores privados, asegurando la persecución de los delitos más allá de los intereses particulares.
En la exposición de motivos, la legisladora argumenta que la amnistía de 2022 tuvo un carácter amplio e incondicional y que su aplicación se extendió más allá de los delitos políticos y conexos. A su juicio, esto representó un retroceso en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada en el país.
Matute Cano subraya que la iniciativa busca restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y fortalecer el principio de justicia, evitando que beneficios legislativos puedan ser utilizados como escudo para delitos graves.
El proyecto fue turnado a la comisión de dictamen, que deberá analizar la propuesta y emitir su dictamen próximamente, según informó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Se espera que este proceso genere un debate intenso sobre los alcances de la amnistía y la seguridad jurídica en Honduras.
Analistas legislativos señalan que, de aprobarse, la derogación y revisión de expedientes podría implicar la reactivación de decenas de procesos judiciales, incluyendo casos relacionados con corrupción y delitos vinculados a la administración pasada.
La iniciativa de la vicepresidenta Matute Cano refleja un esfuerzo por equilibrar la aplicación de beneficios legales con la necesidad de garantizar justicia efectiva y limitar posibles abusos, en un contexto político donde la transparencia y el respeto al Estado de derecho son temas prioritarios.
