El Congreso Nacional de Honduras se apresta a derogar lo que se conoce como el “Pacto de Impunidad”, instrumento legal que durante años permitió la liberación de exfuncionarios públicos que enfrentaban procesos por actos de corrupción en la administración de Mel Zelaya, entre 2006 y 2009. La medida busca restablecer la responsabilidad penal y garantizar que los delitos cometidos no queden sin castigo.

La propuesta legislativa establece la derogación de los artículos clave del Decreto 4-2022, publicado en febrero de 2022, el cual contenía la denominada “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan”. Con esta derogación, se busca dejar sin efecto las cartas de libertad que habían beneficiado a exfuncionarios con requerimientos judiciales o acusaciones formales.

Los jueces y tribunales tendrán la obligación de revisar de oficio los casos en los que se haya otorgado una carta de libertad o esté pendiente, permitiendo la reanudación inmediata de la judicialización de los procesos. La iniciativa subraya que el debido proceso y el derecho a la defensa deben ser respetados en todo momento durante este procedimiento.

Además, la normativa plantea anular los archivos administrativos que el Ministerio Público y otras dependencias judiciales habían otorgado a los beneficiados por el Decreto 4-2022. Esto implica que los expedientes relacionados con delitos de corrupción podrán ser reactivados y los acusados enfrentados a la acción penal correspondiente.

El Ministerio Público será responsable de ejercer la acción penal de manera independiente, aunque la víctima también pueda intervenir como acusador privado. Esta disposición asegura que los procesos no dependan únicamente de la iniciativa de los denunciantes, sino que el Estado asuma un rol activo en la persecución de la corrupción.

La derogación del “Pacto de Impunidad” representa un paso relevante en los esfuerzos por fortalecer el Estado de derecho en Honduras y enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a la corrupción en la función pública. Legisladores han señalado que la medida busca restablecer la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.

Con esta iniciativa, el Congreso Nacional busca cerrar capítulos de impunidad que durante años afectaron la credibilidad de la administración pública, reafirmando su compromiso con la transparencia y la justicia efectiva para todos los hondureños.