El gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), una decisión que impacta directamente a miles de migrantes, entre ellos ciudadanos hondureños que han vivido y trabajado durante años bajo esta figura migratoria. El anuncio fue realizado por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a través de sus cuentas oficiales

De acuerdo con datos hasta 2024, alrededor de 55 mil hondureños estaban amparados por el TPS, entre ellos más de 35 mil niños y unos 33 mil adultos, quienes en conjunto generan un aporte estimado de 1,400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, principalmente en sectores como la construcción, los servicios y la agricultura.

Noem justificó la decisión señalando que el programa fue concebido como una medida estrictamente temporal. “El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo utilizaron como una amnistía de facto durante décadas”, expresó la funcionaria, marcando distancia con la política migratoria de gobiernos anteriores.

La secretaria también argumentó que las condiciones que motivaron la protección han cambiado. Según afirmó, la situación en varios de los países beneficiados, incluido Honduras, ha mostrado mejoras que ya no justifican la continuidad del programa. “Estamos concluyendo sabiamente con lo que pretendía ser una designación temporal”, subrayó.

En un tono más contundente, Noem calificó la decisión como un triunfo institucional. Aseguró que el TPS fue utilizado de forma indebida en el pasado y que su eliminación representa “una victoria para el Estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos”.

El anuncio ha generado preocupación entre comunidades migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el impacto social y económico que podría tener la medida, tanto para las familias hondureñas como para los sectores productivos estadounidenses que dependen de su mano de obra.