Un juez federal en San Diego ordenó al gobierno de Estados Unidos traer de vuelta a tres familias que fueron deportadas en meses recientes, al concluir que las expulsiones se produjeron mediante prácticas irregulares que incluyeron engaños y presión indebida por parte de autoridades migratorias.

La resolución establece que las familias estaban protegidas por un acuerdo judicial surgido tras la política de separación familiar impulsada durante el primer mandato del presidente Donald Trump, la cual afectó a miles de niños que fueron apartados de sus padres en la frontera sur del país en 2018.

Según el fallo, cada una de las madres contaba con un permiso humanitario que les autorizaba a permanecer en Estados Unidos hasta 2027, por lo que no debieron haber sido expulsadas. El juez subrayó que el gobierno incumplió de forma directa los términos de ese acuerdo legal.

El magistrado Dana Sabraw, del Tribunal Federal de Distrito, también ordenó que el Estado cubra los gastos necesarios para el regreso de las familias. En uno de los casos, una mujer y sus tres hijos, entre ellos un niño de seis años con ciudadanía estadounidense, fueron enviados a Honduras tras una serie de citaciones reiteradas ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La mujer relató ante la corte que las constantes exigencias de presentarse ante las autoridades migratorias le provocaron la pérdida de su empleo. Posteriormente, agentes acudieron a su vivienda y le solicitaron firmar documentos para aceptar su salida del país, algo que ella rechazó.

Pese a ello, la familia fue trasladada a un motel, se le retiró el dispositivo de monitoreo electrónico y permaneció detenida durante varios días antes de ser deportada, hechos que el juez consideró incompatibles con una salida voluntaria, como alegó el gobierno.

Los otros dos casos, correspondientes a familias identificadas únicamente por sus iniciales, presentan patrones similares de actuación por parte de las autoridades, lo que reforzó la conclusión judicial de que las deportaciones fueron ilegales.

El abogado Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles, celebró la decisión y afirmó que el fallo marca un freno a la repetición de prácticas que, a su juicio, perpetúan el daño causado por la política de separación familiar y obligan ahora al gobierno a asumir las consecuencias de sus actos.

-------

RECIBE EN UN SOLO LUGAR NUESTROS SERVICIOS INFORMATIVOS, ÚNETE A LA COMUNIDAD DE EL REPORTERO HONDURAS EN NUESTRO CANAL EN WHATSAPP: https://whatsapp.com/channel/0029VaGryPOCxoAnv9l48C3q