El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó con dureza y autocrítica al informe presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción sobre la gestión legislativa 2022–2026, al recordar que el Congreso anterior nunca cumplió su promesa de “ordenar la casa” y que, tras cuatro años, dejó una institución marcada por el desorden, la imposición y la ilegalidad desde su instalación.

Zambrano aclaró que su intervención no fue a título personal, sino como vocero de los 128 diputados que integran el actual Congreso Nacional, provenientes de todas las fuerzas políticas, y sostuvo que el informe del CNA debe servir como una herramienta de corrección y no como un simple ejercicio de confrontación entre el Legislativo y la sociedad civil.

El titular del Poder Legislativo contrastó el inicio del Congreso saliente, al que calificó como ilegal y carente de consenso, con el arranque del actual período, que aseguró se ha caracterizado por el diálogo, el respeto entre bancadas y la ausencia de imposiciones, afirmando que la apertura a la ciudadanía y a los distintos sectores sociales será una constante durante los próximos cuatro años.

En ese contexto, Zambrano reconoció que el informe del CNA es duro y crítico, pero subrayó que precisamente por eso debe asumirse como una hoja de ruta para evitar repetir abusos, corregir prácticas dañinas y fortalecer la labor legislativa, especialmente en un Congreso donde 84 diputados participan por primera vez y solo 44 repiten de períodos anteriores.

El presidente del Congreso admitió que el Legislativo anterior pagó un alto costo político, al señalar que la ciudadanía evaluó negativamente a todos los diputados sin distinción, y afirmó que esa sanción social obliga al nuevo Congreso a asumir una responsabilidad histórica frente al país.

Finalmente, Zambrano anunció cambios estructurales en la gestión legislativa, entre ellos reformas a la Ley Orgánica del Congreso, la eliminación del Fondo Social Departamental y el fin de la entrega de cheques a nombre de diputados, asegurando que la gestión social continuará, pero de forma directa hacia comunidades, escuelas y centros de salud, como parte de un esfuerzo por recuperar la confianza ciudadana.