En un tono directo y sin rodeos, el consejero Marlon Ochoa afirmó que las anomalías detectadas durante el procesamiento electoral no son hechos aislados, sino parte de un “patrón acumulado” que compromete la credibilidad de todo el proceso. “Estas son las elecciones más manipuladas y menos creíbles en la historia democrática del país”, sostuvo al cerrar una comparecencia que dejó más preguntas que certezas sobre el rumbo inmediato del escrutinio.
Antes de entrar en los aspectos técnicos, Ochoa aclaró la polémica en torno a la USB entregada a un técnico de su despacho. Señaló que el dispositivo contenía contraseñas de cincuenta computadoras de la contingencia dos, que esas claves fueron sustituidas de inmediato y que el episodio no tiene relación con la interrupción de más de treinta y seis horas en la actualización de resultados. “Lo que genera incertidumbre es la falta de transparencia”, insistió.
El consejero expuso luego inconsistencias acumuladas desde el jueves 4 de diciembre: cinco mil actas divulgadas con resultados en cero, gráficos públicos con más actas de las que realmente existen, totales departamentales incompletos y ausencia de información en niveles municipal, por centro de votación y en la elección de diputados. A ello sumó veintisiete actas de Cortés y Ocotepeque procesadas sin las medidas de seguridad y fallas en el módulo de verificación visual, que omite casillas completas en la elección legislativa.
Se detuvo también en la contingencia uno, reportando que computadoras en Yoro y Cortés nunca fueron conectadas pese a que debían transmitir actas. Algunos equipos tenían códigos distintos a los originales y otros registraban actas pendientes que nunca se procesaron. Señaló que hubo interrupciones de servidores precisamente cuando esos departamentos estaban en revisión. En cuanto a la contingencia dos, basada en el escaneo de actas físicas, denunció que debió estar operativa desde el 12 de noviembre, pero sigue sin funcionar, afectando la revisión de casi siete mil actas regresadas en maletas electorales.
La exposición subió de tono al abordar lo que calificó como el punto más crítico: la detección de cambios en el hash de dos módulos del software durante el triple sellado del sistema. Según Ochoa, el módulo de divulgación nacional y el módulo de seguimiento no coincidían con los valores sellados el día de la elección. La empresa ASD argumentó que se debió a reinicios por mantenimiento, pero la auditoría externa señaló que no tiene personal en el país para comprobar esa versión. “Cuando pedí a los técnicos del CNE confirmar que el código era el mismo del 30 de noviembre, ninguno pudo hacerlo”, relató.
Ochoa añadió que las bases de datos de ASD, los partidos políticos y el servidor del CNE no coinciden. Mientras la auditoría externa registra unas 2,800 actas faltantes, la empresa implementadora reporta 4,700 archivos sin imagen del acta. Aseguró que se propuso copiar esos archivos a las bases institucionales generando nuevas fechas de creación, un procedimiento que calificó como incompatible con estándares mínimos de integridad. Recordó además que el artículo 282 de la Ley Electoral prohíbe modificaciones del software sin aprobación del Pleno y sin el uso conjunto de las tres llaves criptográficas.
En la ronda de preguntas, rechazó que su postura responda a presiones políticas o diplomáticas. “Nos debemos al pueblo hondureño, no a una embajada ni a un candidato”, afirmó. Criticó el silencio de la OEA y la Unión Europea, asegurando que ambas misiones fueron informadas previamente sobre las fallas, así como el tratamiento de algunos medios que —dijo— han censurado advertencias desde noviembre. “Muchos medios son parte del problema; hay una línea editorial para aplacar la indignación del pueblo”.
Finalmente, Ochoa advirtió que las fallas no tienen solución inmediata y que el sistema que presenta inconsistencias es el mismo que alimenta la declaratoria prevista para el 30 de diciembre. Recordó que desde el simulacro del 9 de noviembre alertó sobre deficiencias estructurales y que incluso gestionó conexiones técnicas en la madrugada cuando el sistema no respondía. Aseguró que la población, que lleva más de treinta y seis horas sin ver actualizaciones, “merece explicaciones y merece la verdad”.
