La crisis electoral hondureña volvió a encenderse este miércoles luego de que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, asegurara que las elecciones generales están atravesadas por “irregularidades sin precedentes”. Según su denuncia, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) habría retenido 16,615 actas —equivalentes a unos dos millones de votos— durante más de 40 horas, una decisión que calificó como deliberada.
Ochoa explicó que la noche previa a los comicios, el 29 de noviembre, el Pleno del CNE aprobó sin consenso la eliminación del cruce obligatorio entre el registro biométrico y las actas de cierre. Para el consejero, aquella decisión abrió la puerta para “inflar resultados” y dejó el proceso sin una de sus principales garantías técnicas. Hasta el 3 de diciembre, detalló, apenas se habían transmitido 15,297 actas presidenciales, el 79.8% del total.
El consejero también expuso que 13,246 actas —el 86.6% de las procesadas— presentan inconsistencias entre los datos biométricos y los registrados en el TREP, generando una brecha de 982,412 votos. Aseguró que estos errores no son simples fallas técnicas: serían el síntoma de un sistema que carece de mecanismos de verificación robustos y que no superó las pruebas más básicas desde el simulacro del 9 de noviembre.
De acuerdo con su versión, ese día ya se habían detectado problemas graves como la baja capacidad de transmisión, la ausencia del módulo de escrutinio y la inexistencia del módulo de divulgación. Aunque algunas de estas fallas fueron corregidas, Ochoa insistió en que nunca hubo condiciones suficientes para garantizar la integridad de los datos. La auditoría externa CGTS, indicó, también advirtió sobre estos riesgos.
Ochoa relató que la situación se agravó cuando intentó presentar un informe crítico de auditoría durante la última sesión del 29 de noviembre. La reunión fue interrumpida: una consejera abandonó la sala y otra suspendió el Pleno, lo que —según él— impidió tomar decisiones urgentes antes de la elección. Aquella noche, agregó, miles de custodios observaron al TREP interpretar erróneamente números manuscritos, asignando cifras de 600 y 700 votos donde no correspondían, e incluso transfiriendo votos entre candidatos.
El consejero señaló además que 26 audios presentados al Ministerio Público recogen testimonios sobre estas supuestas transferencias de votos. También denunció que la página oficial de divulgación sufrió caídas continuas entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, acompañadas de fallas simultáneas en más de 700 antenas satelitales y en los canales de transmisión de Tigo y Claro. Smartmatic, según él, validó parte de estas irregularidades.
Otro punto crítico fue el retraso en la activación del sistema de contingencia dos, a cargo de la empresa ASD. Ese módulo —detalló Ochoa— debía procesar actas físicas en Tegucigalpa para garantizar la continuidad del conteo, pero hasta el 5 de diciembre seguía en pruebas. Para el consejero, la falta de este respaldo compromete la velocidad y confiabilidad del escrutinio definitivo y abre un riesgo mayor de manipulación.
Al cerrar su declaración, Ochoa afirmó que todo lo ocurrido no puede interpretarse como fallas aisladas. Sostuvo que existe una operación coordinada entre actores internos y apoyo externo destinada a influir en la voluntad popular. “Esta es la elección menos transparente de nuestra historia democrática”, dijo, advirtiendo que el TREP no solo determina resultados preliminares, sino que procesa actas de todos los niveles electivos, consolidando lo que calificó como “una amenaza a la soberanía del voto”.
