El jurado de la Corte del Distrito Sur de la Florida emitió este lunes un veredicto que sacude a Honduras: el empresario Carl Alan Zaglin fue declarado culpable en el emblemático juicio por el desfalco de la Tasa de Seguridad, un esquema que involucró a figuras del más alto nivel político y militar hondureño.

Durante nueve días de audiencias, la Fiscalía presentó pruebas que detallaron cómo la llamada “tasa” fue transformada en un mecanismo de saqueo. Correos electrónicos evidenciaron contratos inflados, mientras que registros bancarios mostraron transferencias millonarias a funcionarios. Incluso, conversaciones en WhatsApp entre Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina ironizaban sobre el “Tazón de Seguridad”, exhibiendo una taza llena de dólares frente a otra vacía rotulada como “Resultados”.

El caso no solo dejó en evidencia la magnitud del esquema, sino también el entramado de complicidades. Diagramas presentados en el juicio describían un “waterfall”, la cascada de sobornos que, según los fiscales, alcanzaba a militares, policías, diputados y empresarios, todos beneficiados con dinero desviado de un fondo que debía destinarse a proteger a la ciudadanía.

En su alegato final, los fiscales nombraron directamente a los cómplices hondureños: el exministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco, Jaime Nativí, Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina. La acusación también apuntó al expresidente Juan Orlando Hernández como parte de los responsables, señalando que las investigaciones contra otros implicados continúan abiertas.

La contundencia de las pruebas fue determinante para el jurado. Correos, chats y transacciones dibujaron un patrón de corrupción que convirtió la Tasa de Seguridad en una fachada, mientras el dinero se esfumaba en sobornos y enriquecimiento ilícito.

El veredicto contra Zaglin establece un precedente en la lucha contra la corrupción transnacional. Desde una corte estadounidense, el caso muestra cómo fondos que debían servir para combatir la violencia en Honduras fueron saqueados bajo la protección de altos cargos políticos.

Para muchos observadores, esta sentencia abre una nueva etapa: el señalamiento formal de nombres que durante años gozaron de impunidad dentro de Honduras, ahora expuestos en el banquillo de la justicia internacional.

El fallo dejó clara una conclusión: la llamada “seguridad” fue un disfraz; el verdadero objetivo, un saqueo millonario al pueblo hondureño. En letras mayúsculas, el jurado dictó su veredicto: culpable.