El gobierno de Venezuela denunció que un destructor de la Marina de Estados Unidos interceptó y abordó un barco atunero de bandera venezolana en aguas del mar Caribe, en un hecho que ha incrementado la tensión diplomática entre Caracas y Washington.

De acuerdo con la versión oficial, la embarcación Carmen Rosa, tripulada por nueve pescadores, fue intervenida por el destructor USS Jason Dunham (DDG-109) a unas 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, dentro de lo que Venezuela considera su Zona Económica Exclusiva. El canciller Iván Gil calificó el hecho como un acto “hostil y de agresión”.

Según Caracas, unos 18 militares armados provenientes del buque estadounidense permanecieron durante unas ocho horas en la nave pesquera, interrumpiendo comunicaciones y limitando las actividades normales de la tripulación. El gobierno aseguró además que existen imágenes y un video captados por los propios pescadores, aunque hasta el momento no han sido verificados por fuentes independientes.

La denuncia fue presentada a través de canales diplomáticos y replicada en medios oficiales, donde se destacó que los pescadores contaban con permisos de faena y se encontraban en labores habituales cuando ocurrió la intervención.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente. Ni el Pentágono ni la Marina han confirmado o desmentido los señalamientos. Tampoco organismos internacionales o terceros independientes han corroborado la ubicación exacta del abordaje o la naturaleza de la operación.

Medios internacionales han reportado la acusación venezolana, pero subrayan la ausencia de confirmación externa. En este contexto, la falta de pronunciamiento estadounidense mantiene abiertas las dudas sobre el alcance y los motivos de la operación denunciada.

El episodio ocurre en medio de relaciones bilaterales tensas, marcadas por sanciones económicas y acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos. Expertos advierten que la denuncia podría ser utilizada por Caracas para reforzar su narrativa de “agresión externa” y, al mismo tiempo, presionar a Washington en el terreno diplomático.

Hasta que surjan evidencias adicionales o un pronunciamiento oficial por parte de Estados Unidos, los hechos se mantienen en el terreno de la denuncia unilateral venezolana, a la espera de confirmación independiente.