La corte suprema de Brasil emitió este jueves un veredicto condenatorio contra el expresidente Jair Bolsonaro, encontrándolo culpable de planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Tres de los cinco jueces del tribunal votaron a favor de la culpabilidad, por cinco cargos diferentes que incluyen conspiración, organización criminal armada y tentativa de abolir violentamente el orden democrático.

Según el fallo, Bolsonaro podría recibir hasta 43 años de prisión si se le aplican las penas máximas correspondientes a cada uno de los cargos. Esta cifra convierte la sentencia en una de las más severas impuestas a un expresidente en la historia reciente de América Latina.

El proceso judicial consideró como evidencia fundamental documentos que mostraban intentos de crear decretos de excepción, discursos públicos presionando a autoridades militares y protocolos que sugerían una estructura organizada para subvertir los resultados electorales.

Bolsonaro se encontraba bajo arresto domiciliario por otras causas, y su actividad pública ya estaba limitada por decisiones judiciales anteriores, como la prohibición de presentarse a cargos públicos hasta 2030.

El fallo fue considerado un hito político y jurídico dentro de Brasil, pues hasta ahora un expresidente nunca había sido declarado culpable de un intento de golpe tan directamente vinculado a los poderes del Estado.

Reacciones no se hicieron esperar: sectores de izquierda festejan el veredicto como una victoria para la democracia; seguidores de Bolsonaro advierten que recurrirán la condena ante instancias superiores, y algunos grupos políticos alzan voces alegando motivaciones políticas.

La sentencia será formalizada en los próximos días, una vez que el tribunal fije la pena oficial. Se espera que Bolsonaro, quien rechaza todas las acusaciones, interponga apelaciones, aunque el peso del fallo parece difícil de revertir.

El caso marca un precedente regional importante: subraya la capacidad de las instituciones brasileñas para llevar ante la justicia a quien utilice herramientas estatales para socavar elecciones y el orden democrático. Para muchos observadores, la condena ofrece también una advertencia a otros líderes populistas.