Nicaragua vivió este jueves otra modificación a su Constitución. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó de manera unánime una reforma parcial impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que refuerza sanciones contra funcionarios por el mal manejo de los recursos estatales.

El nuevo marco constitucional obliga a los servidores públicos, electos o designados, a garantizar transparencia en la administración de fondos y bienes estatales. De no hacerlo, podrán ser removidos de inmediato y enfrentar procesos civiles, administrativos y penales.

Diputados sandinistas argumentaron que la reforma fortalece la Procuraduría General de Justicia, creada el pasado 6 de agosto, instancia que centraliza la representación legal del Estado y se encargará de combatir la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

Con esta, suman cuatro las reformas constitucionales en lo que va del año, todas promovidas desde el Ejecutivo. La normativa aún deberá ser ratificada en una segunda legislatura antes de entrar en vigor.