Tegucigalpa, 29 de julio de 2025.
Una amplia operación del Ministerio Público (MP) destapó este lunes un caso de corrupción de alto impacto: una red conformada por exfuncionarios públicos, jueces, abogados y un actual diputado habría saqueado al Estado hondureño por más de tres mil millones de lempiras (L. 3,084,223,255.38) mediante laudos arbitrales irregulares y demandas fraudulentas.

El requerimiento fiscal fue presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), y detalla una conspiración que se extendió por más de dos décadas, basada en contratos irregulares, resoluciones judiciales amañadas y una red de complicidades entre entes del Estado y empresas privadas.

Uno de los elementos más controvertidos de esta jornada fue la captura del actual diputado nacionalista Nelson Javier Márquez Euceda, sin que se siguiera el procedimiento legal que exige su investidura como legislador. La detención generó críticas por el posible irrespeto al fuero parlamentario, el cual debe ser previamente removido por el Congreso Nacional.

Los acusados

Además del diputado Márquez Euceda, entre los imputados figuran:

• Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República.

• Martha Vicenta Doblado Andara, excoordinadora General de Gobierno.

• Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS.

• Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la empresa NAINSA.

• Caronte Rojas Zavala, representante del Colegio de Abogados en el tribunal arbitral.

• Murray Paul Farmer, apoderado legal de la empresa DRC Inc.

También fueron acusados los jueces Irissabel Miranda Hernández y Raymundo Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso; y Rafael Eduardo Chávez Aguilar, receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.

Cómo operó el fraude

El caso se remonta al año 2000, cuando tras el huracán Mitch, el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., sin que esta estuviera legalmente habilitada para operar en Honduras. Esta compañía subcontrató irregularmente a NAINSA, y años después, ambas interpusieron demandas contra el Estado, basadas en un laudo arbitral sin validez legal y nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.

Las empresas acordaron actuar de forma coordinada pero simulando independencia, incluso firmaron un pacto confidencial comprometiéndose a no demandarse entre sí, lo que según el MP confirma la existencia de un fraude premeditado. Se instauraron arbitrajes utilizando reglamentos no publicados, documentos falsos y un tribunal controlado por los propios acusados, que emitió fallos millonarios en contra del Estado.

En 2019, NAINSA reactivó una demanda basada en ese mismo laudo anulado judicialmente en 2009 y 2013. Aun así, la jueza Irissabel Miranda Hernández admitió la acción. Luego, en 2020, Nelson Márquez, como secretario de SEDECOAS, emitió un informe a la PGR recomendando un acuerdo extrajudicial, sabiendo que el laudo era inválido.

Dinero saqueado y beneficios personales

La investigación revela que parte del dinero proveniente de estas demandas fue desviado a cuentas personales de los imputados y familiares. Se detectaron pagos de hipotecas y transferencias a personas responsables de garantizar la legalidad del proceso. En una audiencia clave, Héctor Alvarado Mejía, representante del Estado ante el tribunal, no se presentó alegando enfermedad, pero el certificado médico fue desmentido por el propio laboratorio.

El MP solicitará medidas cautelares contra los acusados y la inmediata suspensión de inmunidad para el diputado Nelson Márquez, cuya detención ha sido cuestionada por no respetar el procedimiento constitucional requerido para su captura.

Este caso expone nuevamente las profundidades de la corrupción estructural en el país, evidenciando cómo funcionarios de alto nivel y operadores de justicia pueden actuar como cómplices en esquemas diseñados para desfalcar al pueblo hondureño.