A tan solo un mes de asumir la Secretaría Ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra reveló uno de los hallazgos más graves de la administración anterior: la existencia de proyectos habitacionales financiados con fondos públicos, construidos sin estándares técnicos ni legales, y gestionados bajo un esquema opaco de fideicomisos.

“El estado en que encontramos el Instituto es lamentable. Se desvió totalmente de su función de garantizar seguridad jurídica y se utilizó para ejecutar proyectos sociales sin controles legales ni técnicos”, denunció Bocanegra, al detallar la magnitud de la crisis institucional en el IP.

Según el funcionario, los problemas se originaron con la creación de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), establecida durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta unidad manejó más de 12 mil millones de lempiras mediante fideicomisos que permitían la asignación directa de recursos, sin necesidad de licitación pública, en violación directa a la Ley de Contratación del Estado.

Uno de los casos más alarmantes es el del proyecto Residencial Morazán, promovido por el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz. En este complejo habitacional se construyeron viviendas tipo contenedor metálico, calificadas como “casas chatarra” por vecinos y expertos, debido a su baja calidad, calor insoportable, presencia de plagas, filtraciones y deterioro acelerado. A ello se suma la controversia legal sobre el terreno donde se ubican, actualmente en litigio.

“En muchos casos, las casas comenzaron a deteriorarse a los pocos días. No cumplen con ningún estándar de dignidad ni habitabilidad”, lamentó Bocanegra.

El funcionario también reveló prácticas irregulares en la asignación de fondos públicos: “Organizaciones solicitaban millones sin respaldo técnico y se les emitía el cheque sin mayor trámite. Así se manejaron miles de millones del pueblo hondureño”, agregó.

En respuesta a estos hallazgos, la presidenta Xiomara Castro ordenó en junio de 2022, mediante decreto, el cierre del fideicomiso de la UCP y la liquidación de los fondos utilizados de forma indebida.

Actualmente, el Instituto de la Propiedad realiza una evaluación técnica de los proyectos heredados, identificando al menos ocho desarrollos habitacionales con deficiencias estructurales y legales. El objetivo es definir cuáles viviendas pueden ser rehabilitadas y entregadas en condiciones dignas a familias vulnerables.

“No permitiremos que la necesidad del pueblo siga siendo usada para justificar corrupción. Vamos a devolverle al IP su función institucional y a trabajar con transparencia y justicia”, concluyó Bocanegra.