Tegucigalpa, 3 de julio de 2025 — En medio del debate nacional sobre el uso de ayudas sociales gestionadas por diputados, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, emitió un comunicado oficial en el que desmiente versiones que vinculan estas gestiones con actos de corrupción o con el antiguo fondo departamental.
Redondo explicó que los congresistas reciben solicitudes de apoyo directamente de las comunidades que visitan constantemente y, en respuesta, gestionan subvenciones para obras sociales y de infraestructura menor. Estas ayudas, según subrayó, son ejecutadas por instituciones del Estado como FHIS, SIT, SEDESOL, EDUCREDITO, FOSODE, SGJD y CONDEPOR, y están contempladas en el Artículo 349 del Presupuesto General de la República.
El titular del Legislativo recalcó que “los congresistas no manejan, reciben ni tocan dinero público”. Aclaró que toda asignación presupuestaria se canaliza por medio de las instituciones competentes y que los fondos no pertenecen al Congreso Nacional ni son administrados por este poder del Estado.
“Las ayudas sociales no son lo mismo que el Fondo Departamental que este Congreso derogó, con el que se robaron miles de millones en el pasado y que permanece en total impunidad”, aseguró Redondo. Añadió que hay 220 diputados de todas las bancadas que han gestionado subvenciones desde 2022 y que están siendo liquidadas y auditadas.
Entre las instituciones, comunidades y sectores beneficiados mencionó a la Teletón, hospitales públicos, federaciones deportivas, organizaciones de personas con discapacidad, iglesias, escuelas, universidades, plataformas de mujeres, y organismos culturales y académicos, entre otros.
Como parte del compromiso con la transparencia, Redondo anunció que autorizó una auditoría absoluta de todos los proyectos de ayuda social ejecutados bajo el Artículo 349, la cual será realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo de 60 días.
“El que salga señalado por las auditorías tendrá que retirarse inmediatamente del Congreso Nacional, y de nuestra parte, sin ninguna consideración”, afirmó contundentemente el presidente del Congreso.
También informó que se concedió un permiso a la diputada Isis Cuéllar para que aclare su situación ante los entes fiscalizadores e investigadores del Estado, asegurando que todo funcionario debe someterse a la ley.
Luis Redondo finalizó insistiendo en que estas gestiones son una herramienta legítima para responder a las necesidades reales de la población. “Solo estando en contacto con el pueblo se conocen sus carencias”, remarcó.
