Honduras, 21 de octubre de 2024. El Gobierno de Honduras, aprobó las revisiones I y II del Programa Económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consolidando su compromiso con el programa que tiene duración
hasta septiembre de 2026 y está orientado a la estabilidad macroeconómica, la inversión productiva y social, el combate a la corrupción público-privada y la erradicación de la pobreza.

Con el logro de las revisiones, el Gobierno obtiene un desembolso de más de US$200 millones por parte del FMI, al que se suman otros desembolsos de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

“El equipo (FMI) y las autoridades coincidieron en que la economía de Honduras sigue siendo resiliente a pesar del contexto mundial aún complicado y del impacto del choque climático de El Niño. Este año ha continuado el crecimiento robusto— proyectado en casi 4 por ciento— y la inflación se ha estabilizado entre 4½ y 5 por ciento, dentro del rango de tolerancia alrededor del objetivo de inflación del BCH.

En el sector externo, las reservas internacionales siguen siendo adecuadas, pero han seguido disminuyendo durante este año debido a diversos factores, entre ellos la grave sequía del primer semestre del año—que lastró las exportaciones agrícolas y aumentó las importaciones de energía—y los menores desembolsos multilaterales y bilaterales de lo previsto” declaró el jefe de misión del FMI, Ricardo Llaudes.

En material fiscal, el programa respalda una mayor transparencia, mayor inversión pública, la sostenibilidad de la deuda y la racionalización de las exoneraciones fiscales. Mediante el decreto 66-2022, a iniciativa del Poder Ejecutivo, se eliminaron la mayoría de los fideicomisos que administraban impuestos en la banca privada, lo que permitía opacidad y corrupción; la ley permitió eliminarlos y devolver esos recursos a la Caja Única del Tesoro, donde responden a las necesidades de Gobierno dictadas por la Presidenta y son fácilmente auditables.

El Programa Económico también respalda la Ley de Justicia Tributaria, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, para eliminar exoneraciones abusivas que benefician a sectores privilegiados y que debilitaban las finanzas públicas.

El propósito de esta ley es combatir el abuso de unos pocos grupos económico y crear espacio fiscal para fortalecer el Programa de Inversión Pública más ambicioso de la historia del país, con un presupuesto total de L97,650.1 millones en 2025, respaldado por el FMI.
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Este programa de inversión pública entre 2022 y 2025 ha presentado y presupuestado inversiones nunca vistas en construcción de carreteras y hospitales, bonos productivos para agricultores y ganaderos, créditos productivos para el campo y la producción, subsidios en energía y combustibles, transferencias monetarias a los más pobres e
inversión en infraestructura energética.

Otro de los elementos esenciales del Programa Económico del Gobierno con el FMI es el rescate operativo de la ENEE. La estatal eléctrica se encuentra atravesando una reforma estructural como no se había visto en las últimas décadas, que inició con la aprobación del Decreto 46-2022 y dio pie a la histórica renegociación de contratos lesivos que está pronto a discutirse en Congreso Nacional, con un ahorro que ronda los
30,000 millones de lempiras.

Asimismo, la escisión del contrato fallido con EEH y la reducción de más de 2.3 puntos porcentuales de pérdidas técnicas (cada punto representa aproximadamente L500 millones), en un contexto climático adverso que
alteró la demanda de energía. A esto debe sumarse la millonaria inversión en la red de transmisión, subestaciones en todas las regiones del país y la ya anunciada represa El Tablón con fondos del BCIE.

De igual forma, el amplio programa de subsidios en materia energética: 900,000 familias pobres que no pagan energía, el subsidio de L10 a cada galón de combustible líquido y al gas LPG, así como el subsidio al transporte terrestre; medidas que han ayudado a contener el impacto de la inflación y han mitigado el costo de vida en los hogares más pobres.

Finalmente, en el ámbito monetario y cambiario, el Gobierno mantendrá ancladas las expectativas de inflación y tomará las medidas necesarias para asegurar que continúe un sendero descendiente. Además, se ha logrado mantener reservas internacionales suficientes para cubrir cuatro meses de importaciones, incluso en un entorno global adverso, y asegurar un manejo controlado del tipo de cambio bajo el régimen de banda móvil.

A diferencia de gobiernos anteriores, los ajustes cambiarios se implementan de manera gradual y bajo control estatal, evitando devaluaciones abruptas que golpeen a los sectores más vulnerables. En comparación, entre 2009 y 2021, el Lempira se depreció de 19 a 24.67 lempiras por dólar, afectando severamente el poder adquisitivo de las familias hondureñas.

En este contexto, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, afirmó que “el respaldo del FMI otorga certezas a los mercados internacionales sobre la gestión gubernamental en materia fiscal, monetaria, social y financiera; fortaleciendo así la estabilidad económica y atrayendo inversiones que fomentan el crecimiento, necesario para consolidar el proceso de refundación nacional.

El FMI no impone condiciones externas al Gobierno, sino que reconoce y acompaña sus políticas soberanas, orientadas a la construcción de un futuro justo y de progreso para el pueblo hondureño”.