Una modificación legal que puede tener importantes consecuencias para el sistema de seguridad y justicia hondureño entró en vigencia después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La reforma al artículo 78 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito establece mecanismos para distribuir anticipadamente recursos y propiedades incautados a personas vinculadas con actividades criminales.

El decreto 227-2026, publicado en la edición número 37,283 de La Gaceta, contempla la posibilidad de distribuir hasta el 100 % de esos bienes y recursos antes de que exista una sentencia judicial definitiva. La iniciativa había sido aprobada por el Congreso Nacional el pasado 12 de octubre y ahora abre una nueva modalidad de financiamiento para las instituciones encargadas de combatir el delito.

La distribución contempla un 25 % para la Secretaría de Defensa y otro 25 % para la Secretaría de Seguridad. El Ministerio Público y el Poder Judicial recibirán un 15 % cada uno, mientras que la Oficina Administradora de Bienes Incautados tendrá asignado un 10 % de los recursos disponibles.

El resto se distribuirá entre la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y la Agencia Nacional Contra el Crimen, con un 5 % para cada institución. La asignación deberá contar con autorización del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, mediante un acuerdo debidamente motivado, y los bienes deberán encontrarse legalmente incautados y bajo administración de la OABI.

Uno de los aspectos más sensibles de la reforma es que los recursos podrán utilizarse antes de que concluya el proceso judicial. La normativa establece, sin embargo, que el Estado deberá devolver íntegramente los fondos utilizados si posteriormente un juez ordena su restitución, además de proteger los derechos de víctimas y terceros de buena fe. También excluye expresamente el dinero incautado en el caso Koriun Inversiones.

La reforma plantea un debate importante sobre la eficacia de las instituciones frente al crimen organizado y las garantías que deben respetarse dentro del Estado de derecho. Su aplicación exigirá controles rigurosos, transparencia en la administración de los recursos y procedimientos que impidan que una herramienta concebida para fortalecer la seguridad termine afectando derechos patrimoniales o debilitando la confianza en la justicia.