El proceso judicial contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros exintegrantes de la Comisión Permanente enfrenta un nuevo obstáculo procesal después de que la defensa presentara cuatro recusaciones contra la jueza natural Anny Ochoa. La acción obligó a suspender la audiencia de declaración de imputado y trasladó a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de designar el tribunal que deberá conocer los recursos.

Según la información publicada en medios locales, once de los catorce imputados comparecieron ante la Sala VI del Tribunal de Sentencia. Entre quienes no acudieron figuran Luis Redondo, Edis Moncada y Linda Donaire. La audiencia no pudo avanzar debido a los recursos planteados por los representantes legales de los señalados.

La defensa argumentó que existirían circunstancias que podrían comprometer la imparcialidad de la jueza, entre ellas una supuesta vinculación partidaria y declaraciones extrajudiciales relacionadas con el expediente. Estos planteamientos deberán ser examinados por el órgano judicial competente, que tendrá que determinar si existen razones legales para apartar a la magistrada del conocimiento de la causa.

El Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal el 15 de octubre contra los exintegrantes de la Comisión Permanente. En el caso de Redondo, la Fiscalía le atribuye presuntos delitos relacionados con la perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. Se trata de señalamientos fiscales que deberán ser examinados conforme al debido proceso y no constituyen por sí mismos una declaración de culpabilidad.

La designación de la corte de apelaciones será determinante para establecer cuándo podrá reanudarse el procedimiento y si la jueza continuará al frente del expediente. El caso mantiene una importante dimensión política e institucional, porque involucra actuaciones de la anterior conducción legislativa y pone nuevamente bajo discusión los límites de las facultades parlamentarias, la independencia judicial y la responsabilidad de los funcionarios públicos.