La crisis por el costo de los combustibles escaló este jueves en Honduras con el anuncio de un paro nacional del transporte interurbano a partir del viernes 2 de octubre de 2026. La decisión fue comunicada después de una reunión de representantes del sector, quienes señalaron que las gestiones realizadas ante las autoridades no produjeron una respuesta concreta a sus planteamientos.

El anuncio llega después de que una mesa técnica entre transportistas y Gobierno concluyera sin acuerdos sobre medidas para reducir el impacto de los carburantes en los costos de operación. Entre las propuestas planteadas por representantes del sector figuran una reducción temporal de los impuestos aplicados a los combustibles, la revisión de la fórmula de precios y otras alternativas de alivio financiero.

Mientras las negociaciones permanecen abiertas, las protestas ya han comenzado a afectar importantes corredores viales. Este jueves se registraron bloqueos en Dos Caminos, Villanueva, Cortés, sobre la CA-5, donde transportistas reclamaron principalmente por el precio del diésel; la Policía Nacional despejó posteriormente las barricadas, aunque el servicio de transporte público continuó suspendido en la zona.

La inconformidad también se ha extendido a otros puntos del territorio nacional. En la zona oriental se han registrado movilizaciones por el encarecimiento de los combustibles, mientras en Copán hubo una toma parcial de la CA-4. Los transportistas sostienen que el incremento de los carburantes eleva sus costos y repercute en la sostenibilidad del servicio, mientras las autoridades analizan las opciones disponibles.

El escenario adquiere especial relevancia porque el paro coincidiría con el inicio de los operativos de la Semana Morazánica, período durante el cual se espera una importante movilización de viajeros. Conapremm había anunciado que sus dispositivos de prevención comenzarían precisamente el 2 de octubre y se extenderían hasta el 12, con presencia reforzada en carreteras y destinos turísticos.

Por ahora, el punto central del conflicto continúa siendo la búsqueda de un mecanismo que permita reducir el impacto del precio de los combustibles sobre el transporte sin comprometer las finanzas públicas. El Gobierno ha sostenido la necesidad de identificar fuentes de financiamiento antes de adoptar medidas que impliquen reducir ingresos tributarios, mientras los transportistas exigen respuestas concretas para mantener sus unidades operando.