La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 23 de septiembre una nueva extensión del régimen de excepción, que permanecerá vigente durante otros 30 días, desde el 28 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2026. Con esta decisión, la medida acumula 55 prórrogas consecutivas desde su entrada en vigor en marzo de 2022.

La votación contó con 57 votos favorables y uno en contra, mientras dos diputados estuvieron ausentes. La mayoría oficialista de Nuevas Ideas, partido del presidente Nayib Bukele, respaldó la continuidad de la estrategia de seguridad, mientras la oposición mantiene cuestionamientos sobre la prolongación de las medidas excepcionales.

Entre las disposiciones que continúan suspendidas se encuentran garantías relacionadas con el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la privacidad de las telecomunicaciones. La normativa permite al Estado aplicar procedimientos extraordinarios para enfrentar a integrantes o colaboradores de estructuras criminales, de acuerdo con la justificación oficial.

El Ejecutivo salvadoreño sostiene que la amenaza de las pandillas no ha desaparecido completamente. En la justificación de la nueva prórroga se mencionan conductas relacionadas con el tráfico de drogas y posibles intentos de reclutamiento de jóvenes, argumentos utilizados para mantener vigente la herramienta jurídica.

Las autoridades también destacan los resultados obtenidos en materia de seguridad. Según información divulgada por la Asamblea Legislativa, el país ha acumulado más de mil días sin homicidios desde la aplicación del régimen y la tasa de asesinatos pasó de 106,3 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025. Esas cifras y su relación con las políticas de seguridad son presentadas por el Gobierno como parte de la justificación para continuar con la medida.

Hasta la aprobación de la nueva prórroga, el Gobierno reportaba 93.162 personas detenidas durante la vigencia del régimen, a quienes acusa de pertenecer o colaborar con pandillas. La cifra ha sido utilizada por las autoridades para dimensionar la operación contra estas estructuras, aunque organizaciones de derechos humanos cuestionan tanto algunas detenciones como las condiciones en las que permanecen los privados de libertad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado preocupación por la prolongación de la medida y ha señalado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia y afectaciones al debido proceso. La Comisión también ha indicado que el Estado debe evaluar si la continuidad de un régimen excepcional cumple con criterios de temporalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. El Gobierno salvadoreño, por su parte, rechaza que exista una política destinada a cometer o tolerar violaciones graves de derechos humanos.

Amnistía Internacional también publicó en julio de 2026 una investigación en la que documentó denuncias de detenciones arbitrarias masivas, vulneraciones al debido proceso, tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, y planteó que los hechos requieren investigación. El nuevo voto legislativo mantiene así abierto el debate regional entre la estrategia de seguridad aplicada por El Salvador, los resultados oficiales reportados y las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales sobre derechos humanos.