La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), Dina Meza, ha reclamado públicamente que el proceso judicial contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández continúe y que el exjefe militar comparezca ante la justicia. La organización ha sostenido que dará seguimiento al expediente en defensa de la libertad de expresión y de la seguridad de los periodistas involucrados.
Meza ha insistido en la necesidad de evitar nuevas demoras dentro de un caso que involucra a los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López. En declaraciones atribuidas a la defensora, ASOPODEHU ha planteado que el proceso debe continuar hasta que las autoridades judiciales adopten las decisiones que correspondan conforme al expediente.
La preocupación de las organizaciones defensoras de derechos humanos aumentó después de que la audiencia preliminar, prevista para el 14 de septiembre, quedara suspendida debido al recurso de apelación presentado por la defensa de Hernández. La apelación fue admitida por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa y busca que la Corte de Apelaciones revoque el auto de formal procesamiento y dicte un sobreseimiento definitivo.
A esta situación se sumaron señalamientos de ASOPODEHU y JOPRODEH relacionados con declaraciones públicas de Hernández. Ambas organizaciones expresaron preocupación porque, según denunciaron, el general retirado habría continuado haciendo referencias y descalificaciones hacia periodistas que figuran como víctimas en el proceso, pese a que entre las medidas impuestas se encontraba la prohibición de comunicarse o referirse a ellos.
Desde JOPRODEH también se ha reclamado a la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán que resuelva el recurso presentado por la defensa. Su director, Jorge Jiménez, señaló que los recursos forman parte del debido proceso, aunque consideró que las distintas acciones legales han incidido en el retraso del avance del expediente.
El origen del proceso se encuentra en una publicación institucional de las Fuerzas Armadas difundida en mayo de 2025 bajo el título “Sicarios de la verdad”. El Ministerio Público acusa a Hernández de los presuntos delitos de incitación a la discriminación agravada y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los cuatro periodistas mencionados.
Durante la audiencia inicial celebrada el 1 de septiembre, el juzgado dictó auto de formal procesamiento contra Hernández, aunque con medidas distintas a la prisión preventiva. La defensa presentó posteriormente una apelación en la que cuestionó decisiones adoptadas durante la audiencia y solicitó la revocación del procesamiento y el sobreseimiento definitivo.
Respecto a las versiones sobre posibles “negociaciones políticas” o acuerdos dentro del alto mando militar para impedir que el proceso avance, no se ha encontrado en las resoluciones judiciales y fuentes públicas consultadas una prueba que confirme esas afirmaciones. Sí existen pronunciamientos públicos de organizaciones de derechos humanos que han expresado preocupación por las demoras y han solicitado celeridad. Por ahora, el desarrollo de la siguiente etapa del proceso depende de la resolución que adopte la instancia de apelación.
