Una denuncia presentada ante el Ministerio Público puso bajo escrutinio el proceso mediante el cual se estarían gestionando permisos fitosanitarios para importar cebolla hacia Honduras, particularmente desde Guatemala. El documento, recibido para análisis el 18 de agosto de 2026, plantea que tres empresas habrían utilizado presuntamente documentación comercial o tributaria irregular, inauténtica o atribuida a sociedades que no existirían, con el propósito de acreditar operaciones y demostrar el origen de productos agrícolas. Hasta ahora, estos señalamientos constituyen una denuncia y no una conclusión judicial.
El expediente también apunta a una posible utilización de esos documentos para obtener, conservar o utilizar permisos, registros y autorizaciones ante el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA). La acusación adquiere relevancia porque la importación de cebolla en Honduras está sometida a procedimientos y requisitos específicos: la Secretaría de Desarrollo Económico mantiene entre sus trámites la licencia de importación de este producto y SENASA interviene en los requisitos sanitarios correspondientes.
El reclamo de los productores se produce además en medio de una prolongada disputa por el ingreso de cebolla extranjera. En mayo pasado, la SAG acordó con el sector que no se autorizarían importaciones mientras existiera producción nacional disponible, además de establecer un censo para determinar las áreas cultivadas y la oferta existente. Sin embargo, representantes del sector han continuado denunciando que el mercado permanece afectado por el ingreso de producto importado y que las pérdidas acumuladas superarían los 1,000 millones de lempiras.
La controversia no se limita al impacto comercial. Según la denuncia remitida también a las autoridades de Agricultura, las supuestas irregularidades podrían estar permitiendo una “eventual triangulación de productos”, situación que los productores consideran necesario esclarecer mediante una revisión exhaustiva de los expedientes, empresas involucradas, documentos presentados y verdadera procedencia de la mercancía. La petición fue trasladada el 4 de septiembre al director de SENASA, Rafael Rodríguez, y al titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina.
Los productores sostienen que el problema amenaza la continuidad de la actividad agrícola y podría desalentar la próxima temporada de siembra. La cifra de pérdidas que manejan coincide con reclamos formulados públicamente durante los últimos meses: medios nacionales han recogido estimaciones del sector que sitúan el perjuicio acumulado por las importaciones en alrededor de mil millones de lempiras, mientras agricultores han advertido que la falta de condiciones favorables podría llevarlos a reducir o suspender nuevas siembras.
Frente a este escenario, la solicitud presentada ante las autoridades plantea no solamente determinar responsabilidades, sino también adoptar medidas preventivas mientras se esclarecen los hechos. Entre las peticiones figura la eventual suspensión o cancelación de permisos, registros o certificados si una investigación administrativa confirma incumplimientos. La normativa hondureña contempla mecanismos de suspensión o cancelación dentro del régimen de control sanitario agropecuario, aunque cualquier sanción deberá sustentarse en un procedimiento y en pruebas que acrediten las infracciones.
El caso llega en un momento particularmente sensible para la política agrícola hondureña. La propia memoria institucional de la SAG reconoce que el comercio de cebolla requiere coordinación entre productores, importadores y autoridades, y que históricamente se han utilizado mesas para determinar volúmenes y períodos de importación tomando en cuenta la producción nacional. La administración de Moisés Molina, por su parte, ha anunciado otras medidas de ordenamiento y control para diferentes cadenas productivas, en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria.
Ahora corresponde determinar si las acusaciones contenidas en la denuncia tienen sustento documental y si existieron actuaciones irregulares dentro del proceso de autorización de las importaciones. De comprobarse falsificación, utilización de documentación inauténtica o mecanismos destinados a ocultar el verdadero origen de la cebolla, el caso podría trascender del ámbito administrativo al penal. Mientras tanto, los productores reclaman respuestas rápidas de SENASA, SAG y el Ministerio Público, al considerar que la transparencia en el sistema de importaciones es determinante para evitar mayores pérdidas y proteger la próxima cosecha nacional.
