San Pedro Sula, Cortés. Un tribunal especializado de San Pedro Sula impuso 15 años de prisión y una multa de 10,000 lempiras a Alexander Anderson Chávez Hernández, conocido como alias “Brócoli”, señalado por las autoridades de utilizar su actividad como conductor de buses para ejecutar acciones de extorsión contra trabajadores del transporte. La sentencia fue emitida este 12 de agosto de 2026.
El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, después de que el imputado se sometiera a un Acuerdo de Estricta Conformidad. La resolución establece una pena de 15 años de reclusión por el delito de extorsión, además de la sanción económica correspondiente.
De acuerdo con la investigación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Chávez Hernández habría mantenido durante aproximadamente seis años una doble actividad: mientras trabajaba como motorista, presuntamente aprovechaba el conocimiento que tenía del funcionamiento de las empresas y rutas para facilitar los cobros extorsivos atribuidos a la Pandilla 18.
La condición de conductor le habría permitido conocer de primera mano los movimientos del sector, identificar a propietarios y trabajadores y establecer contacto directo con posibles víctimas. Según las autoridades, esa posición habría sido utilizada para convertir una actividad laboral legítima en una herramienta de infiltración de una estructura criminal.
Las investigaciones ubican entre las personas afectadas a transportistas de La Lima, la colonia Planeta de San Pedro Sula y El Progreso, Yoro. A estos trabajadores, según el expediente, se les exigían pagos en efectivo bajo amenazas vinculadas con el denominado “impuesto de guerra”.
La operación que terminó con la captura de “Brócoli” se ejecutó el 17 de febrero de 2026, en el bulevar del Este de San Pedro Sula, a la altura de la colonia Jerusalén. En ese momento, el sospechoso se desplazaba en un microbús de la ruta La Lima-San Pedro Sula, de acuerdo con los datos divulgados por las autoridades.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron dinero en efectivo, un teléfono celular y la unidad de transporte que conducía. El aparato telefónico habría sido utilizado para coordinar los cobros de extorsión, elemento que pasó a formar parte de las evidencias utilizadas en el proceso judicial.
La importancia del caso radica también en el enfoque que las autoridades están dando a la infiltración del crimen organizado dentro del transporte público. Investigaciones de la DAET han identificado la participación de conductores, cobradores y despachadores en actividades de extorsión o como colaboradores de organizaciones criminales.
Según la información conocida tras el fallo, las propias debilidades administrativas del sector pueden ser aprovechadas por estructuras criminales. Entre los problemas identificados aparecen la falta de un censo completo de operadores, deficiencias en los mecanismos de identificación y acreditación del personal y situaciones de irregularidad en determinadas rutas.
Frente a este escenario, las autoridades de seguridad y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) han planteado la necesidad de mejorar los mecanismos de control sobre las personas que trabajan en el transporte público. El propósito es dificultar la infiltración de grupos criminales y facilitar la identificación de quienes utilicen sus puestos para cometer delitos.
La sentencia contra “Brócoli” representa, de acuerdo con la DAET, un precedente dentro de la ofensiva contra la extorsión que afecta al sector transporte. Para las autoridades, el objetivo no se limita a capturar a quienes realizan directamente los cobros, sino también a detectar las estructuras que utilizan trabajadores del propio rubro para obtener información y ejercer presión sobre sus víctimas.
Con esta condena, el Estado busca enviar un mensaje de mayor control sobre las redes de extorsión que operan en el Valle de Sula, una de las principales zonas económicas y de transporte de Honduras. El desafío ahora será mantener las investigaciones sobre posibles redes de infiltración, fortalecer los controles del sector y garantizar que las nuevas herramientas legales se traduzcan en resultados sostenibles contra el crimen organizado.
