El Gobierno de Honduras aprobó este sábado dos decretos ejecutivos con los que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a la influenza aviar de alta patogenicidad (H5) y garantizar que diversos programas de inversión pública continúen ejecutándose sin interrupciones.
Las decisiones fueron adoptadas durante una reunión virtual del Consejo de Secretarios de Estado, presidida por el mandatario Nasry Asfura, quien participó de forma remota debido a la situación de emergencia que enfrenta el país.
Como parte de las resoluciones, el Consejo aprobó el PCM-012-2026, mediante el cual se declara emergencia sanitaria nacional por un período de 180 días, luego de confirmarse la presencia del virus H5 en aves silvestres y detectarse un brote en una granja de aves reproductoras ubicada en el departamento de Santa Bárbara.
Durante la presentación del decreto, el secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, explicó que el caso fue identificado inicialmente por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y posteriormente confirmado por un laboratorio especializado de Estados Unidos, lo que permitió activar de inmediato los protocolos nacionales e internacionales de bioseguridad.
El funcionario detalló que las autoridades ejecutaron el sacrificio sanitario de las aves afectadas para evitar la propagación del virus y aseguró que la medida permitió contener el foco de infección dentro de la granja intervenida.
Molina afirmó que el brote no compromete el abastecimiento nacional de carne de pollo ni de huevos, ya que la explotación afectada estaba dedicada a la producción de aves reproductoras y el país mantiene capacidad suficiente mediante otras granjas avícolas.
Asimismo, indicó que Honduras cuenta con mecanismos de respaldo para garantizar el suministro de estos productos, incluyendo importaciones autorizadas desde El Salvador y Costa Rica, en caso de que fuese necesario reforzar el mercado interno.
Por su parte, el director del Senasa, Rafael Rodríguez, informó que los equipos técnicos mantienen una vigilancia epidemiológica permanente en 209 comunidades distribuidas en distintas regiones del país para detectar cualquier posible expansión del virus.
Como parte de estas acciones, las brigadas sanitarias han inspeccionado aproximadamente 339.000 aves de traspatio, además de realizar más de 1.000 pruebas serológicas y cerca de 100 análisis PCR, cuyos resultados confirman que la enfermedad permanece bajo control.
Rodríguez destacó que las autoridades acumulan nueve días consecutivos sin detectar nuevos casos en aves domésticas, lo que refleja la efectividad de las medidas implementadas tras la identificación del brote inicial.
El decreto también instruye a la Secretaría de Finanzas (Sefin) a habilitar 20 millones de lempiras para fortalecer las actividades de prevención, vigilancia, control y erradicación de la influenza aviar, además de permitir al Senasa realizar las contrataciones necesarias bajo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
En la misma sesión, el Consejo de Ministros aprobó además el PCM-013-2026, mediante el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 el proceso de transición administrativa de diversos programas financiados por organismos multilaterales, con el propósito de evitar retrasos en su ejecución.
Entre las disposiciones aprobadas figura el traslado del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hacia la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), mientras que el Proyecto de Desarrollo Infantil Temprano en Comunidades de Atlántida, respaldado por el Banco Mundial, pasará a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.
El decreto faculta igualmente a la Secretaría de Finanzas para efectuar los ajustes presupuestarios y administrativos requeridos, incluyendo el traspaso de archivos, bienes, suministros y demás recursos institucionales necesarios para completar la transición sin afectar los compromisos asumidos por el Estado con los organismos internacionales ni el avance de las obras y programas en beneficio de la población.
Con la aprobación de ambos decretos, el Ejecutivo busca fortalecer la capacidad de respuesta ante riesgos sanitarios que puedan afectar la producción avícola y la seguridad alimentaria, al tiempo que garantiza la continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura, agua potable, saneamiento y salud considerados prioritarios para el desarrollo nacional.
