Un grupo de expresidentes iberoamericanos reunidos en el denominado Grupo IDEA solicitó este viernes la apertura de una investigación internacional contra el Gobierno de Nicaragua, al que acusan de presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera.
Entre los firmantes del pronunciamiento figuran figuras políticas como el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe Vélez, quienes junto a otros exmandatarios pidieron activar mecanismos de jurisdicción universal.
El documento también incluye las firmas de líderes como el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox y la costarricense Laura Chinchilla, sumando cerca de 30 exjefes de Estado que respaldan la iniciativa.
Los exmandatarios exigen a la comunidad internacional intervenir ante lo que consideran una imposibilidad de investigación imparcial dentro de Nicaragua, alegando que el sistema estatal estaría comprometido con desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos.
El pronunciamiento sostiene que la muerte de Rivera, ocurrida la semana pasada tras permanecer más de dos años y medio detenido en condición irregular, se enmarca en un patrón de abusos atribuidos al gobierno nicaragüense.
De acuerdo con el texto, la situación del país centroamericano refleja un esquema de “crímenes de lesa humanidad sistemáticos y generalizados”, lo que, según los firmantes, obliga a la aplicación del principio de jurisdicción universal en el derecho internacional.
La iniciativa se suma a denuncias previas de organismos internacionales como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que han expresado preocupación por el caso de Rivera y por la situación de otros detenidos políticos en Nicaragua.
El líder indígena, de origen miskito, fue detenido el 29 de septiembre de 2023 y permaneció en condición de paradero desconocido hasta su fallecimiento el 30 de mayo, tras ser ingresado en estado crítico en un hospital de Managua por complicaciones respiratorias.
En ese contexto, los expresidentes también denunciaron la presunta desaparición forzada de familiares del dirigente indígena cuando intentaban reclamar sus restos, lo que agrava la tensión política y humanitaria en el país.
La crisis en Nicaragua se mantiene desde 2018, profundizada tras las elecciones de 2021 que consolidaron la continuidad del mandatario Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, un escenario que sigue generando fuertes cuestionamientos internacionales.
