La violencia contra las mujeres continúa generando preocupación en Bolivia, donde las autoridades fiscales reportaron al menos 35 feminicidios en lo que va del año, una cifra que mantiene en alerta a organizaciones sociales, colectivos feministas y entidades defensoras de derechos humanos.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en el departamento sureño de Tarija, donde una mujer de 37 años falleció luego de permanecer tres días en terapia intensiva tras haber sido brutalmente golpeada presuntamente por su concubino, un hombre de 52 años. El Ministerio Público confirmó que el sospechoso permanece detenido preventivamente mientras avanza el proceso judicial.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, informó que se activó un equipo multidisciplinario especializado en delitos contra la vida con el objetivo de esclarecer el caso y establecer responsabilidades penales. Inicialmente, el expediente había sido abierto por feminicidio en grado de tentativa, pero tras el fallecimiento de la víctima el delito fue recalificado como feminicidio consumado.

En La Paz también se reportó recientemente otro crimen de violencia de género. Según la Fiscalía, una mujer de 38 años fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 34 años que posteriormente intentó quitarse la vida tras cometer el hecho. Mientras tanto, en Santa Cruz, una joven de 21 años murió a consecuencia de heridas provocadas con arma blanca durante una discusión con su compañero sentimental.

Las investigaciones en Santa Cruz revelaron que el sospechoso intentó inicialmente presentar el caso como un supuesto asalto; sin embargo, posteriormente confesó haber atacado a la víctima. Otro caso estremeció al departamento de Cochabamba, donde una mujer de 56 años fue asesinada presuntamente por su yerno cuando intentaba defender a su hija de una agresión física en el municipio de Tarata. El acusado permanece prófugo y es buscado por las autoridades policiales.

Datos del Ministerio Público indican que entre enero y abril de este año se contabilizaron 14,380 denuncias relacionadas con delitos contemplados en la Ley 348, normativa creada en 2013 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Más de 10,700 de esos casos corresponden a denuncias por violencia familiar o doméstica.

Aunque la legislación boliviana establece penas de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto para el delito de feminicidio, organizaciones feministas sostienen que persisten graves deficiencias institucionales para aplicar plenamente la norma. Colectivos sociales han cuestionado la falta de presupuesto, personal especializado y protección efectiva para las víctimas, mientras sectores conservadores mantienen críticas contra la Ley 348, un debate que ha generado fuerte polarización política y social en el país.