El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la inculpación formal del expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, un caso histórico que provocó fuertes tensiones diplomáticas entre Washington y Cuba.
La acusación incluye cargos por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, relacionados con la muerte de cuatro personas que viajaban en las avionetas derribadas sobre aguas internacionales cercanas al espacio aéreo cubano.
Se trata de la primera ocasión en que un alto dirigente del régimen cubano enfrenta cargos penales formales ante la justicia estadounidense, en una decisión que analistas consideran como una nueva escalada política y judicial dentro de la estrategia de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Al momento de los hechos, ocurridos el 24 de febrero de 1996, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de Defensa de Cuba y era considerado una de las principales figuras del aparato militar y político de la isla bajo el gobierno de su hermano, Fidel Castro.
Las aeronaves pertenecían a la organización Hermanos al Rescate, grupo integrado principalmente por exiliados cubanos radicados en Miami y dedicado oficialmente a labores humanitarias de búsqueda y rescate de balseros cubanos en el estrecho de Florida. El gobierno cubano acusaba al grupo de realizar provocaciones y violaciones reiteradas de su espacio aéreo.
El caso generó una de las mayores crisis diplomáticas entre ambos países en la década de los noventa y derivó en el endurecimiento del embargo estadounidense mediante la aprobación de la Ley Helms-Burton, legislación que reforzó las sanciones económicas contra La Habana.
Durante una conferencia de prensa realizada en Miami, el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, afirmó que Washington “no olvida a sus ciudadanos” y aseguró que la acusación busca establecer responsabilidades por la muerte de los cuatro tripulantes.
Por su parte, el presidente Donald Trump calificó el proceso judicial como un “momento muy importante”, mientras su administración mantiene una política de endurecimiento hacia Cuba, marcada por sanciones económicas, restricciones diplomáticas y acusaciones contra altos funcionarios del régimen cubano.
La respuesta del gobierno cubano no se hizo esperar. El presidente Miguel Díaz-Canel rechazó la acusación y aseguró que se trata de una maniobra política sin sustento jurídico. A través de la red social X, afirmó que Washington busca fabricar argumentos para justificar una posible agresión contra la isla.
“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, escribió Díaz-Canel en referencia al proceso impulsado por autoridades estadounidenses.
Analistas internacionales consideran que la inculpación de Raúl Castro ocurre en un contexto de creciente tensión entre ambos países, marcado por nuevas sanciones, presiones diplomáticas y acusaciones relacionadas con seguridad regional, alianzas estratégicas de Cuba con Rusia e Irán y denuncias sobre actividades militares y de inteligencia.
Expertos señalan además que, aunque es improbable que Raúl Castro comparezca ante tribunales estadounidenses debido a su permanencia en Cuba, la acusación tiene un fuerte impacto político y simbólico, especialmente para sectores del exilio cubano en Florida que durante décadas han exigido responsabilidades por el derribo de las avionetas.
