La posibilidad de que el Congreso Nacional discuta y apruebe reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal en sesiones privadas ha encendido las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores sociales en Honduras. El Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, junto al Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, denunció que este procedimiento representa un grave retroceso para la transparencia democrática y el debate público.
La preocupación surgió luego de las declaraciones del diputado José Rolando Sabillón, integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, quien confirmó que solicitarán a la Junta Directiva que el tercer y último debate de las reformas se realice de forma reservada, argumentando motivos de “seguridad nacional” y protección para los congresistas.
El paquete de reformas impulsado desde sectores de seguridad contempla modificaciones a más de 25 artículos relacionados con crimen organizado, extorsión, terrorismo y procedimientos judiciales. Entre los cambios planteados destacan penas más severas para delitos vinculados a extorsión y la posibilidad de clasificar a maras y pandillas como organizaciones terroristas.
Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que detrás de estas reformas también podrían endurecerse figuras penales como la usurpación, históricamente utilizadas —según denuncian— para judicializar conflictos agrarios, protestas comunitarias y procesos de recuperación de tierras en distintas regiones del país.
El CESPAD recordó que desde las reformas aprobadas entre 2019 y 2021, delitos como usurpación, daños agravados y asociación ilícita han sido empleados contra campesinos, ambientalistas, comunidades indígenas y movimientos sociales involucrados en disputas territoriales y ambientales. La organización considera que nuevas modificaciones podrían profundizar la criminalización de estos sectores.
Otro de los puntos que genera preocupación es la falta de transparencia institucional alrededor del proceso legislativo. Según la denuncia del observatorio, la Presidencia del Poder Judicial informó que no existen registros oficiales sobre comunicaciones relacionadas con reformas al delito de usurpación ni sobre mecanismos vinculados a la llamada “seguridad jurídica” de la propiedad privada durante 2026.
Las reformas comenzaron a discutirse luego de reuniones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad convocadas por el gobierno del presidente Nasry Asfura, donde participaron representantes del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público. En dichos encuentros se abordó el fortalecimiento del marco legal para enfrentar la extorsión, el crimen organizado y delitos tecnológicos.
Además del endurecimiento penal, las autoridades también promueven una nueva Ley de Ciberseguridad orientada a combatir delitos digitales y rastrear operaciones criminales realizadas mediante plataformas tecnológicas. El diputado Sabillón ha defendido públicamente la necesidad de modernizar las herramientas legales para enfrentar extorsiones y delitos transnacionales.
Pese a la controversia inicial por las sesiones privadas, en las últimas horas el Congreso Nacional informó que el debate final de las reformas se desarrollará de forma pública y abierta, descartando oficialmente la posibilidad de una sesión cerrada. La decisión fue presentada como una medida para garantizar transparencia y participación ciudadana en un tema de alto impacto nacional.
Desde el CESPAD y organizaciones sociales se mantiene el llamado a vigilancia permanente sobre el contenido final de las reformas. Sectores campesinos, indígenas, garífunas, ambientalistas y defensores de derechos humanos consideran que cualquier modificación penal debe discutirse bajo estándares de derechos humanos, acceso a la información y deliberación democrática, especialmente en un país marcado por históricos conflictos sobre tierra, ambiente y territorio.
