El Instituto de la Justicia presentó este martes en Tegucigalpa la cuarta entrega de su serie anual “Estado de País 2026”, enfocada en el sector de Democracia y Transparencia, donde expone una serie de debilidades estructurales que continúan afectando el funcionamiento institucional de Honduras.

El informe sostiene que el país atraviesa un estancamiento crítico en la lucha contra la corrupción, marcado principalmente por la escasa confianza ciudadana en las acciones impulsadas desde el Estado para combatir la impunidad.

De acuerdo con el estudio, únicamente el 14% de la población considera que el combate a la corrupción representa una prioridad real para el actual gobierno, reflejando un amplio nivel de desconfianza hacia las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos.

El diagnóstico señala que esa percepción negativa se sustenta en los bajos resultados judiciales obtenidos frente al volumen de denuncias presentadas en el país durante el último año.

Según las cifras divulgadas por el Instituto, en 2025 se registraron 2,148 denuncias relacionadas con corrupción; sin embargo, únicamente seis casos concluyeron en condenas judiciales.

Para el organismo, este comportamiento evidencia debilidades profundas dentro de las fiscalías anticorrupción y una limitada independencia institucional para procesar casos de alto impacto.

El documento también describe la corrupción como un fenómeno estructural que continúa obstaculizando el desarrollo económico y social de Honduras.

Entre los indicadores citados, el informe destaca que Honduras ocupa la posición 157 de 182 países evaluados en el Índice de Percepción de Corrupción, manteniéndose entre las naciones con mayores desafíos en materia de transparencia y gobernabilidad.

Asimismo, el estudio advierte que el país posee el segundo peor sistema de servicio civil de la región, situación que, según el análisis técnico, facilita prácticas de clientelismo político y la utilización partidaria de las instituciones públicas.

La falta de una carrera administrativa profesional también repercute en el incremento de los costos operativos del Estado y limita el acceso de Honduras a programas y fondos internacionales de desarrollo, incluyendo la Cuenta del Milenio.

Otro de los apartados del informe se concentra en el desempeño del Congreso Nacional de Honduras en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El Instituto sostiene que Honduras ocupa el último lugar de la región en transparencia legislativa, con una calificación de apenas 23.6%, de acuerdo con el índice internacional correspondiente al año 2023.

El análisis atribuye este bajo desempeño a la opacidad en la ejecución de fondos públicos y en la toma de decisiones estratégicas dentro del Poder Legislativo.

El informe señala que esta situación refleja una amplia distancia entre las prácticas actuales del Congreso hondureño y los estándares internacionales de parlamento abierto.

Las observaciones también alcanzan el derecho ciudadano de acceso a la información pública, considerado uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.

Según los datos presentados, durante 2025 se realizaron 12,431 solicitudes de información pública, de las cuales 2,054 no obtuvieron respuesta y otras 1,498 fueron contestadas fuera de los plazos establecidos por ley.

El estudio indica que estas irregularidades representan un incumplimiento equivalente al 28% de las gestiones ciudadanas realizadas ante instituciones públicas.

Frente a este panorama, el Instituto de la Justicia planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de transparencia activa, en el que la información gubernamental sea accesible de manera pública, actualizada y sin barreras burocráticas para la ciudadanía.

En materia electoral, el informe advierte sobre la fragilidad del sistema democrático hondureño, señalando que el país ha mantenido un promedio de 46.5 puntos en indicadores democráticos durante la última década, reflejando un prolongado estancamiento institucional.

El documento agrega que prácticas como el clientelismo continúan afectando la confianza electoral, al revelar que uno de cada ocho hondureños afirmó haber recibido ofrecimientos de beneficios a cambio de su voto durante el último año.

A ello se suman las preocupaciones relacionadas con las fallas históricas del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), situación que, según el Instituto, podría elevar el riesgo de conflictividad social si no se garantiza la autonomía técnica y financiera de los órganos electorales.

Como parte de sus conclusiones, el organismo presentó una hoja de ruta orientada a impulsar una Reforma del Estado centrada en el fortalecimiento institucional y la profesionalización del servicio público.

Entre las propuestas destacan la modernización del sistema de servicio civil, la implementación de concursos públicos para garantizar una carrera electoral permanente y la adopción de estándares internacionales de parlamento abierto.

El Instituto también instó al Congreso Nacional a promover reformas a la Ley Electoral que permitan fortalecer la transparencia en la transmisión de resultados y garantizar una participación más equitativa dentro del sistema político.

Finalmente, el Instituto de la Justicia concluyó que el principal desafío para Honduras ya no radica en identificar las reformas necesarias, sino en la ausencia de voluntad política para ejecutarlas, insistiendo en que únicamente una gestión basada en transparencia, mérito y fortalecimiento institucional permitirá reducir las brechas que debilitan la democracia hondureña.