Durante la sesión legislativa de este jueves, el diputado del Partido Liberal Rashid Mejía introdujo una iniciativa orientada a ordenar el mercado del crédito no bancario, particularmente el otorgado directamente por comercios y proveedores de bienes y servicios.

El proyecto tiene como eje central la regulación de las tasas de interés en este tipo de financiamiento, con el propósito de evitar cobros excesivos que afectan a consumidores que recurren a estas opciones fuera del sistema bancario tradicional.

Según la propuesta, se busca establecer condiciones más transparentes en las operaciones crediticias, promoviendo además una competencia más justa entre los oferentes de financiamiento en el país.

Uno de los elementos clave de la iniciativa es la definición de conceptos como la Carga Financiera Total (CFT) y la Tasa Anual Efectiva (TAE), herramientas que permitirían a los usuarios conocer el costo real de los créditos más allá de las cuotas aparentes.

El documento plantea que el límite máximo de la TAE sea fijado con base en parámetros técnicos vinculados a la tasa activa promedio publicada por el Banco Central de Honduras, permitiendo ajustes según el tipo de financiamiento.

En cuanto a la protección al consumidor, el proyecto prohíbe prácticas consideradas abusivas, como cargos ocultos, comisiones no informadas o mecanismos que puedan inducir a error sobre el costo real del crédito.

Asimismo, se establece la obligación de que todos los contratos incluyan información clara y detallada, como el precio de contado, el desglose de costos, la tasa efectiva anual y el monto total a pagar, con el objetivo de garantizar decisiones informadas por parte de los usuarios.

La iniciativa también contempla la creación de un Registro Nacional de Proveedores de Crédito Comercial, que sería administrado por la Dirección General de Protección al Consumidor, con apoyo técnico del Banco Central para labores de supervisión.

En materia sancionatoria, el proyecto prevé multas económicas, devolución de cobros indebidos, suspensión de operaciones e incluso la cancelación de autorizaciones en casos graves de incumplimiento.

La propuesta incluye la implementación de programas de educación financiera para la población y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo determinado, mientras el Banco Central evaluará periódicamente su impacto para realizar ajustes técnicos que fortalezcan su aplicación.