Diversas organizaciones expresaron este 26 de marzo de 2026 su preocupación por la activación de procesos de juicio político contra altos cargos del sistema de justicia y del ámbito electoral en Honduras, señalando que su aplicación reciente podría vulnerar principios fundamentales del Estado de derecho.

En el pronunciamiento, se destaca que el juicio político promovido contra el fiscal general, Johel Zelaya, fue tramitado de forma expedita en el Congreso Nacional, concluyendo con su destitución y el nombramiento inmediato de Pablo Emilio Reyes en el cargo.

Asimismo, las organizaciones señalaron que el mecanismo también fue activado contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, quien decidió renunciar a la presidencia del Poder Judicial, aunque se mantiene como magistrada. En paralelo, se han anunciado procesos similares contra otras autoridades vinculadas al ámbito electoral.

El documento advierte que la implementación del juicio político en el país se estaría realizando en un contexto de alta polarización institucional tras el reciente cambio de gobierno, lo que incrementa los riesgos de uso indebido de esta figura constitucional.

Las organizaciones recordaron que el juicio político es un mecanismo legítimo de control político que faculta al Congreso Nacional a investigar y sancionar a altas autoridades; sin embargo, subrayan que su aplicación debe cumplir estrictamente con garantías como el debido proceso, la legalidad, la independencia e imparcialidad.

En ese sentido, citaron criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que estos procedimientos tienen naturaleza sancionatoria y, por tanto, deben respetar los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados con garantías judiciales y protección judicial.

El pronunciamiento también hace referencia a jurisprudencia interamericana en casos como “Gutiérrez Navas vs. Honduras”, “Camba Campos vs. Ecuador” y “Chocrón Chocrón vs. Venezuela”, en los cuales se determinó que la destitución de funcionarios sin causales claras ni garantías procesales constituye una grave afectación al Estado de derecho.

Finalmente, las organizaciones instaron a las autoridades hondureñas a garantizar que cualquier proceso de responsabilidad política se conduzca conforme a estándares internacionales, evitando el uso del juicio político como herramienta de presión o concentración de poder, y advirtieron que su aplicación indebida podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado.