La diputada Marixa Julín lanzó fuertes cuestionamientos contra la gestión del fiscal general Johel Zelaya, señalando que el Ministerio Público no actuó en momentos clave ni avanzó en investigaciones de alto perfil que han generado preocupación en la ciudadanía.

La legisladora del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) afirmó que existió “falta de investigación en casos muy sonados”, mencionando específicamente un narcovideo que, según dijo, fue engavetado, así como el denominado caso Koriun, entre otros expedientes que no habrían tenido el seguimiento esperado.

Julín, representante del departamento de Cortés, vinculó estas omisiones con la actual crisis institucional que enfrenta el Ministerio Público, señalando que la falta de მოქმედación oportuna debilitó la confianza pública en el sistema de justicia.

Las declaraciones surgen en el contexto del juicio político impulsado desde el Congreso Nacional de Honduras contra Zelaya, quien fue suspendido de su cargo el lunes, en una decisión que ha generado amplio debate político y jurídico en el país.

La diputada sostuvo que el fiscal general no actuó “de manera formal en momentos clave”, poniendo como ejemplo el proceso electoral de 2025, el cual, según diversos sectores, estuvo marcado por tensiones políticas y denuncias que requerían una respuesta institucional más firme.

El juicio político, contemplado en la Constitución hondureña, es un mecanismo que permite al Congreso fiscalizar el desempeño de altos funcionarios y, en caso de comprobarse faltas graves, proceder a su destitución. Este recurso ha sido objeto de discusión en años recientes por su uso en contextos de alta polarización.

Julín recordó que en el pasado hubo múltiples intentos por parte del partido Partido Libertad y Refundación (Libre) de impulsar juicios políticos contra otros funcionarios, sin éxito. Sin embargo, en esta ocasión, bajo la actual correlación de fuerzas, sí se logró aplicar la figura contra el titular del Ministerio Público.

El proceso contra Zelaya abre un nuevo capítulo en la dinámica política hondureña, donde el control institucional y la rendición de cuentas se colocan en el centro del debate, mientras distintos sectores analizan las implicaciones de esta decisión para la estabilidad democrática del país.