El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, subrayó que la aprobación del decreto responde a la urgencia de garantizar el derecho del pueblo hondureño a contar con placas vehiculares. “Esperamos, como diputados en nombre del pueblo hondureño, que el IP aplique y ejecute rápido este decreto y que lo más pronto posible estén entregando las placas”, afirmó. Además anunció que solicitará a la comisión especial del Congreso darle seguimiento riguroso a la ejecución del decreto.
La iniciativa fue presentada por la diputada Merary Díaz, del Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán, y encontró consenso entre las distintas fuerzas políticas del país. El respaldo transversal busca poner fin a una acumulación de vehículos sin placas que, según cifras oficiales, supera los 830,000 en todo el territorio nacional.
El decreto contempla medidas extraordinarias para restablecer de manera inmediata la capacidad del Estado de identificar adecuadamente el parque vehicular. Durante los últimos tres años, la falta de suministro oportuno de placas ha generado un déficit que las autoridades consideran un riesgo para la seguridad pública y el control vehicular.
Entre las disposiciones aprobadas destaca la autorización al IP para suscribir contratos mediante contratación directa con fabricantes de placas, lo que permitirá agilizar la producción y entrega de las mismas. El decreto también autoriza la adquisición e instalación de equipos tecnológicos, como lectores vehiculares y arcos de lectura para carreteras, aduanas y puntos fronterizos.
El documento legal establece condiciones claras: los proveedores contratados deben ser fabricantes directos de los sistemas y elementos requeridos, sin la intervención de intermediarios, salvo en casos de representaciones regionales. Asimismo deberán garantizar el mantenimiento de altos estándares tecnológicos y de seguridad, integrándose con los sistemas existentes del Estado.
Además, el decreto exige asegurar la interoperabilidad funcional y tecnológica con las plataformas del IP, sus oficinas periféricas, las municipalidades, la Administración Aduanera de Honduras, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Esta conectividad será clave para facilitar la gestión, el control y la identificación de los vehículos a nivel nacional.
Con esta decisión, el Congreso busca poner fin a años de incertidumbre para miles de propietarios de vehículos y fortalecer el sistema de identificación vehicular del país, cuya ineficiencia había sido señalada por expertos como un factor que entorpece tanto el control de tránsito como las labores de seguridad ciudadana.
