La abogada hondureña Reina Rivera Joya advirtió que el sistema judicial del país enfrenta el desafío de fortalecer su credibilidad, pese a que en los últimos años se ha registrado una leve recuperación en la confianza ciudadana hacia el Poder Judicial de Honduras.

Según explicó la jurista, en 2020 únicamente el 16 % de la población hondureña confiaba en el sistema de justicia. Para 2024, dos años después de la instalación de la nueva Corte Suprema, ese porcentaje aumentó a 19 %, lo que representa un repunte de tres puntos porcentuales.

No obstante, Rivera señaló que ese incremento sigue siendo insuficiente, ya que Honduras continúa entre los países con menor nivel de confianza en el sistema judicial en América Latina, con cifras por debajo del 20 %. En ese grupo también figuran naciones como Bolivia, Chile y Venezuela, que presentan indicadores similares.

La abogada indicó que, aunque el incremento de tres puntos refleja cierta mejora en la percepción ciudadana, existe preocupación sobre un posible retroceso en la confianza institucional debido a debates recientes relacionados con la nueva Ley del Consejo de la Judicatura.

Rivera recordó que existe una sentencia de inconstitucionalidad que establece que el Congreso Nacional de Honduras no puede elegir directamente a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Según explicó, al Poder Legislativo únicamente le corresponde aprobar el anteproyecto de ley que emane del propio Poder Judicial.

En ese sentido, subrayó que el gobierno judicial debe recaer en los propios jueces, quienes deberían definir la estructura de administración y disciplina del sistema judicial sin interferencia política.

La jurista expresó además preocupación por lo que calificó como una tendencia de reparto político del poder dentro de las instituciones, situación que podría generar presiones o consecuencias adversas para jueces que emitan fallos contrarios al Estado o que adopten decisiones sensibles en materia judicial.

Finalmente, Rivera advirtió que una eventual intromisión del poder político en el sistema de justicia podría profundizar la crisis de confianza ciudadana y agravar problemas ya existentes, como la atención a casos de violencia de género o crimen organizado, áreas en las que el país aún enfrenta grandes desafíos institucionales.