El Gobierno de la República Democrática del Congo confirmó este miércoles que más de 200 personas murieron tras un corrimiento de tierra ocurrido en el yacimiento minero de Rubaya, en el este del país. La tragedia se produjo en una zona que permanece bajo control del grupo armado M23, donde las autoridades congoleñas no tienen presencia desde abril de 2024.
El deslizamiento se registró la tarde del martes, de acuerdo con testigos locales, quienes inicialmente reportaron al menos seis víctimas mortales. Sin embargo, el balance oficial aumentó drásticamente en las horas siguientes conforme avanzaron los recuentos preliminares.
Según un comunicado del Ministerio de Minas, el saldo provisional supera los 200 fallecidos, entre ellos alrededor de 70 menores de edad. Asimismo, decenas de heridos fueron trasladados a centros asistenciales en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte.
Las cifras, no obstante, no han podido ser verificadas por fuentes independientes. La agencia AFP indicó que el acceso a la zona es extremadamente limitado, sin presencia de organizaciones humanitarias ni estructuras sanitarias de gran capacidad, y con interrupciones frecuentes en las telecomunicaciones.
El yacimiento de Rubaya se ubica a unos 70 kilómetros al oeste de Goma y se extiende por varias decenas de kilómetros cuadrados. Se trata de una de las áreas mineras más estratégicas del este congoleño debido a su alta producción de coltán, mineral clave para la industria electrónica mundial.
Rubaya aporta entre el 15 % y el 30 % del coltán que se comercializa globalmente. La RDC concentra al menos el 60 % de las reservas mundiales de este recurso, esencial en la fabricación de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos tecnológicos.
Desde finales de 2021, el grupo rebelde Movimiento 23 de marzo (M23) ha retomado las armas y expandido su control sobre amplias zonas del este congoleño, una región marcada por conflictos armados durante más de tres décadas. Diversos informes internacionales señalan que el M23 cuenta con respaldo de Kigali y del ejército ruandés.
El control de Rubaya por parte del M23, consolidado en abril de 2024, ha permitido al grupo armado obtener importantes ingresos mediante impuestos aplicados a la extracción y comercialización de minerales, según expertos de la ONU. La nueva tragedia vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores mineros en un territorio donde confluyen violencia, explotación de recursos y ausencia de autoridad estatal.
