El secretario en los Despachos de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, advirtió este lunes sobre el fuerte impacto que los embargos judiciales están generando en el Gobierno y en el Tesoro Nacional, durante una conferencia de prensa ofrecida en Tegucigalpa.

El titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) detalló que el monto acumulado asciende a 3,903,863,306.60 lempiras, cifra que afecta directamente la Caja Única del Estado y limita la ejecución de proyectos públicos.

Según explicó, estos embargos obedecen principalmente a malos procedimientos en despidos laborales y, en algunos casos, a una aparente colusión entre funcionarios y abogados privados.

Entre las instituciones más impactadas mencionó a Hondutel, la COPECO y la Secretaría de Educación Pública, cuyas cuentas han sido afectadas por resoluciones judiciales.

También señaló a la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Desarrollo Social como entidades con alto impacto en sus presupuestos.

A la lista se suman el Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados y varias alcaldías del país.

El funcionario subrayó que con los casi 4 mil millones de lempiras ya cancelados por concepto de embargos, el Estado pudo haber duplicado la compra de medicamentos en la Secretaría de Salud e incluso incrementarla en un 175 por ciento.

Asimismo, indicó que esos recursos habrían permitido dotar de textos escolares por seis años adicionales a los estudiantes del sistema público hondureño.

En materia de infraestructura, Hernández ejemplificó que con ese monto se habrían construido más de 240 kilómetros de carretera pavimentada en la red vial nacional. Incluso, explicó que podría haberse desarrollado una vía que conectara La Barca, El Progreso, Tela, La Ceiba y hasta Jutiapa.

Ante este panorama, el titular de SEFIN consideró urgente la adopción de medidas conjuntas con la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República, para proteger la Caja Única del Estado.

Pidió revisar procedimientos internos del Poder Judicial, especialmente en la Sala de lo Laboral, y cuestionó que algunas sentencias omitan la comunicación con la Tesorería General de la República y se dirijan directamente a cuentas en el Banco Central de Honduras.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso Nacional para aprobar la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, con el objetivo de fortalecer la protección del Tesoro. Anunció además que este martes se realizará un Consejo de Ministros para presentar un diagnóstico institucional y avanzar en una reducción gradual del aparato estatal, garantizando el respeto a los derechos laborales y conciliaciones conforme a la disponibilidad presupuestaria.