Tegucigalpa, Francisco Morazán. La lucha contra el crimen organizado dio un nuevo paso contundente. En seguimiento al caso del clan Barralaga, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) concretó la privación definitiva de más bienes de origen ilícito pertenecientes al exsubcomisionado de Policía Jorge Alberto Barralaga Hernández.

El decomiso alcanza dos bienes inmuebles valorados en seis millones quinientos cincuenta y ocho mil ciento ocho lempiras (L 6,558,108.00), además de 22 productos financieros y 85 bienes muebles, cuyo valor conjunto asciende a diecinueve millones seiscientos un mil cuatrocientos veintiún lempiras (L 19,601,421.00), según el informe fiscal.

Este expediente se remonta a julio de 2017, cuando se inició la acción penal contra Barralaga Hernández, su esposa Reyna Elizabeth Ayala Reyes —actualmente prófuga— y su hijo Jorge Alberto Barralaga Rivera, ya condenado, así como otros familiares y socios cercanos.

Entre los vínculos investigados figura Montse Paola Fraga, relacionada sentimentalmente con el narcotraficante Wilter Neptalí Blanco Ruíz, señalado como líder del Cártel del Atlántico y posteriormente condenado en los Estados Unidos, un nexo que reforzó las sospechas de operaciones ilícitas.

Las pesquisas financieras destaparon un patrón reiterado: movimientos atípicos, transferencias bancarias y transacciones sin respaldo legal realizadas por Barralaga Hernández, su núcleo familiar y personas vinculadas, por un monto que supera los dos mil millones de lempiras.

Para los fiscales, estos flujos no guardan relación con los ingresos lícitos del exsubcomisionado ni de su entorno, evidenciando un esquema sostenido de ocultamiento y lavado de activos que se extendió durante varios años.

En un capítulo clave del proceso, Jorge Alberto Barralaga Rivera y su esposa Carmen Alejandra Sarmiento aceptaron su responsabilidad mediante procedimiento abreviado, siendo condenados por lavado de activos tras comprobarse movimientos financieros injustificados por L 626,775,587.13.

Con esta resolución, el Ministerio Público refuerza el mensaje de que la depuración policial no es simbólica: los bienes obtenidos al margen de la ley regresan al Estado, mientras los expedientes avanzan hasta agotar todas las responsabilidades penales y patrimoniales.