REDACCIÓN EL REPORTEROHN

Tras la aprobación de la moción que oficializó la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional para el período legislativo 2026-2030, el presidente de ese poder del Estado, José Tomás Zambrano Molina, anunció una serie de medidas que, según afirmó, marcarán un antes y un después en la labor parlamentaria.

El titular del Legislativo informó que la primera legislatura quedará instalada el próximo domingo 25 de enero, fecha en la que comenzará formalmente la implementación de una agenda de cambios orientados a recuperar la credibilidad del Congreso y fortalecer la institucionalidad democrática del país.

Como una de las decisiones más trascendentales, Zambrano anunció la eliminación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, al considerar que desde esa instancia se cometieron abusos que terminaron suplantando las funciones del pleno legislativo.

En materia electoral, adelantó que se conformará una primera comisión integrada por diputados de todos los partidos políticos, con el objetivo de impulsar reformas electorales que, a su criterio, son una exigencia directa del pueblo hondureño.

El presidente del Congreso señaló que dichas reformas deberán fortalecer al Consejo Nacional Electoral (CNE), institución que —dijo— fue amenazada por intereses políticos, y advirtió que no se puede permitir que consejeros propietarios o suplentes se ausenten por capricho o por instrucciones partidarias.

Zambrano fue enfático al afirmar que la inasistencia injustificada de consejeros del CNE debe convertirse en causal inmediata de destitución, ya que poner en riesgo los procesos electorales significa poner en peligro la democracia del país.

El titular del Legislativo sostuvo que el objetivo es garantizar estabilidad democrática no solo para los próximos cuatro años, sino para los siguientes ocho y doce, aspirando a que Honduras alcance estándares electorales similares a países de Suramérica donde los resultados se conocen la misma noche de la elección.

En ese sentido, reiteró que el país debe aspirar a que en las elecciones generales del último domingo de noviembre de 2029 se puedan declarar resultados pocas horas después del cierre de urnas, con reconocimiento inmediato de los resultados por parte de los actores políticos.

Zambrano también abrió el debate sobre la ciudadanización de las mesas electorales, planteando un modelo mixto que combine la participación de partidos políticos y sociedad civil, sin excluir a ninguno de los actores del proceso democrático.

Al referirse a los escrutinios especiales realizados en procesos anteriores, reconoció que todos los partidos fallaron y que las demoras fueron responsabilidad colectiva, por lo que propuso que, al menos en el recuento voto por voto, las Juntas Receptoras de Votos sean ciudadanizadas a través del CNE.

El presidente del Congreso indicó que dentro de la agenda de discusión también se incluirán temas de fondo como la segunda vuelta electoral, dejando claro que se trata de debates que deberán abordarse con responsabilidad y visión de país.

En el ámbito económico y social, Zambrano anunció la reactivación inmediata de la Ley de Empleo por Hora, así como la eliminación del Fondo Social Departamental contenido en la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

En cuanto a la disciplina interna, advirtió que los diputados suplentes no podrán ocupar las curules de los propietarios y que cualquier curul vacía no será remunerada, situación que incluso podría convertirse en causal de destitución.

Asimismo, informó que en su gestión no se alquilarán vehículos para los diputados y que cada congresista deberá utilizar su propio automóvil, además de reiterar que quienes no asistan a las sesiones no recibirán pago alguno.

Zambrano también anunció la conformación de una comisión especial para conocer reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar el nombramiento de activistas políticos en los altos mandos militares.

Finalmente, el presidente del Congreso aseguró que este será “un nuevo Congreso Nacional”, comprometido con una agenda legislativa construida con iniciativas de todos los partidos, garantizando participación plena a la oposición y respaldo institucional a proyectos estratégicos, incluido el desarrollo de la capital.