El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) concedió un plazo improrrogable de 24 horas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que remita los expedientes vinculados al escrutinio especial del proceso electoral en el Distrito Central, como parte del análisis de las controversias surgidas durante la revisión de los resultados.
De acuerdo con información proporcionada por el dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Miguel Briceño, la resolución fue emitida tras la admisión de un recurso legal presentado por el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, en su condición de candidato por el Partido Libertad y Refundación (Libre), quien solicitó la revisión y contabilización de actas en el marco del escrutinio especial.
De acuerdo con el documento oficial, la Secretaría General del TJE libró oficio al CNE para que, en un término máximo de veinticuatro horas, remita todas las diligencias administrativas relacionadas con la solicitud de escrutinio especial y conteo de actas presentada a nombre del ciudadano Jorge Alejandro Aldana Bardales, candidato a alcalde del municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
El requerimiento del TJE se sustenta en los artículos 14, numerales 6 y 7, y 71 de la Ley Orgánica Procesal y Electoral, y concluye con la orden expresa de “Notifíquese y cúmplase”, dejando claro el carácter obligatorio del mandato judicial.
El Tribunal considera indispensable contar con la documentación completa para evaluar la legalidad del escrutinio y emitir una resolución conforme a derecho, por lo que advirtió que el CNE deberá cumplir estrictamente con el plazo establecido.
En este contexto, el abogado Briceño denunció que el excandidato a la Alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, interpuso una apelación ante el TJE solicitando que las actas impugnadas por Jorge Aldana sean anuladas y contabilizadas en cero, lo que impediría que dichos votos sean contados o sometidos a recuento.
Según Briceño, Zelaya “sabe perfectamente que, al realizarse el conteo de dichas actas, pierde”, por lo que calificó la acción como un intento de alterar la voluntad popular expresada en las urnas.
