El Consejo Nacional Electoral lanzó una alerta de última hora al denunciar que persisten acciones que impiden crear las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales, hechos que, según advirtió, constituyen delitos y ponen en riesgo la continuidad del proceso electoral.
Ante este escenario, el CNE informó que solicitó de manera formal el apoyo del Jefe del Estado Mayor Conjunto para garantizar la seguridad del personal electoral destacado en el INFOP, así como la protección del material electoral y de las instalaciones donde debe desarrollarse el escrutinio especial.
La autoridad electoral también instruyó el envío de comunicaciones oficiales a los partidos políticos, en su calidad de responsables de acreditar a los miembros de las Juntas Especiales encargadas del escrutinio, notificándoles la imposibilidad de iniciar el proceso mientras persistan acciones que contravienen la Ley Electoral.
En dichas comunicaciones, el CNE exhorta a los institutos políticos a tomar medidas inmediatas para que las personas acreditadas por ellos, llamadas a cumplir una función legal, cesen cualquier acción que esté obstaculizando el desarrollo normal del proceso electoral.
Paralelamente, se hizo un llamado al Colegio de Abogados de Honduras para que desplace notarios al INFOP con el fin de levantar actas notariales que documenten todo lo que está ocurriendo, con miras a sustentar eventuales acciones legales.
El pronunciamiento incluyó además un llamado directo a la comunidad internacional y a los observadores electorales para que registren lo que el CNE calificó como un “inaceptable atentado a la democracia”, advirtiendo que estas acciones podrían derivar en escenarios insospechados e insostenibles para el país.
En un mensaje dirigido al pueblo hondureño, la autoridad electoral alertó sobre el riesgo real de perder libertades fundamentales y, en consecuencia, de que se frustre un proceso electoral por el que la ciudadanía ha luchado con conducta ejemplar y vocación de paz.
Finalmente, el CNE dejó constancia de que, pese a las limitaciones para estar presencialmente en sus sedes y en el INFOP, la institución se mantiene firme y actuando conforme a la Constitución y la Ley, reiterando que el proceso electoral debe continuar hasta la declaratoria final, y advirtiendo que “el mundo observa y la historia juzga implacablemente”.