Desde Washington, fuentes oficiales confirmaron que Estados Unidos procederá a confiscar el petróleo del buque cisterna que fue interceptado el miércoles frente a las costas venezolanas. La acción busca sancionar a los sobrinos del presidente Nicolás Maduro y a navieras que transporten crudo venezolano, en lo que se considera una escalada significativa en el pulso diplomático y económico contra el gobierno de Caracas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “preocupación” por la incautación del buque, el cual había sido sancionado durante años por transportar crudo de países como Venezuela e Irán. La declaración subraya la tensión que este tipo de operaciones generan en la arena internacional y la necesidad de buscar mecanismos de resolución pacífica.

En paralelo, el presidente Nicolás Maduro sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Según fuentes oficiales del Kremlin, Putin reiteró su apoyo al mandatario venezolano, subrayando la cooperación estratégica entre ambos países en momentos de alta presión internacional.

La opositora venezolana María Corina Machado se pronunció desde Oslo, donde recibió el premio Nobel de la Paz. Machado expresó su respaldo al presidente estadounidense Donald Trump y su campaña contra el régimen de Maduro, señalando que estas medidas representan un avance en la presión internacional para restaurar la democracia en Venezuela.

El anuncio de las sanciones contra los familiares de Maduro y las navieras vinculadas al transporte de crudo se produce en un contexto de creciente hostilidad económica y política hacia el régimen venezolano. Expertos internacionales advierten que estas medidas podrían afectar de manera directa la capacidad de Venezuela para comercializar petróleo en el exterior.

Analistas señalan que la incautación del buque cisterna no solo es simbólica, sino también estratégica, al mostrar la disposición de Estados Unidos de intervenir en operaciones que considera ilícitas o contrarias a sus sanciones vigentes. Esta acción se suma a un historial de medidas económicas y diplomáticas para presionar al gobierno venezolano.

Desde Caracas, fuentes del gobierno mantienen una postura de rechazo a la intervención estadounidense, calificándola como un acto de “agresión” que vulnera la soberanía del país. Mientras tanto, la comunidad internacional observa de cerca cómo se desarrollará la escalada de sanciones y la posible respuesta de aliados estratégicos de Venezuela.

El impacto de estas medidas ya genera reacciones en los mercados internacionales de petróleo y en la geopolítica regional, con un creciente debate sobre la eficacia de las sanciones y la seguridad marítima en el Caribe. Observadores advierten que la tensión podría prolongarse, aumentando la incertidumbre política y económica en Venezuela y sus socios comerciales.