Estados Unidos dio un nuevo paso en su ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro al imponer, este jueves, sanciones financieras a tres de sus sobrinos, a quienes acusa de mantener vínculos activos con redes de narcotráfico. La decisión, anunciada por el Departamento del Tesoro, marca un giro contundente en la política de Washington hacia Caracas.

Los sancionados son Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, todos familiares directos de la primera dama venezolana, Cilia Flores. El Tesoro indicó que estas medidas buscan frenar el retorno de estas estructuras criminales tras su liberación en 2022.

En un comunicado, las autoridades estadounidenses subrayaron que Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos ampliamente como los “narcosobrinos”, fueron detenidos en Haití en 2015 y condenados por narcotráfico en Estados Unidos al año siguiente. Ambos recibieron un indulto por parte de la administración Biden durante un intercambio con Caracas, pero, según Washington, retomaron sus actividades ilícitas en 2025 tras su regreso a Venezuela.

El tercer sancionado, Carlos Erik Malpica Flores, exvicepresidente de la estatal petrolera PDVSA, ya había sido incluido en listas de sanciones en 2017. Sin embargo, en 2022, la administración Biden lo removió temporalmente de esas restricciones en un intento por facilitar acuerdos electorales con el Gobierno venezolano, esfuerzos que finalmente no prosperaron.

Estas decisiones forman parte de un paquete más amplio anunciado por la administración Trump, que además afecta al sector petrolero venezolano. Entre los nuevos sancionados figura también el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, a quien Estados Unidos acusa de beneficiarse con contratos millonarios vinculados al régimen de Maduro.

El Tesoro también informó que seis compañías navieras y seis buques fueron bloqueados como parte de la medida, ampliando así el cerco económico sobre las operaciones marítimas venezolanas. La acción complementa otros operativos recientes, como la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela y la destrucción de embarcaciones en el Caribe vinculadas —según Washington— al narcotráfico.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que estas sanciones buscan revertir “el fallido intento de la Administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial”. Según Bessent, el recrudecimiento de las presiones responde a la necesidad de frenar el avance criminal que rodea al Gobierno venezolano.

Por su parte, el Departamento de Estado señaló que los sancionados continúan colaborando con “el régimen corrupto e ilegítimo” de Maduro, por lo que insistió en que estas acciones forman parte de la estrategia de aislamiento político, económico y judicial impulsada desde Washington.