El Ministerio Público informó que, en coincidencia con la conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) presentó un requerimiento fiscal en Puerto Cortés contra El Ministerio Público informó que, en coincidencia con la conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) presentó un requerimiento fiscal en Puerto Cortés contra Carlos Eduardo Llopis Hernández. El ciudadano es señalado por la presunta comisión de los delitos de coacciones y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con la investigación oficial, el caso se remonta al 6 de agosto de 2025, cuando el periodista Cristhian Joel Rowe emitió comentarios en el programa Notidiario, amparados por los principios de libertad de expresión y libertad de prensa. Las autoridades sostienen que dichas declaraciones desencadenaron una reacción violenta por parte del ahora requerido.

Según los hallazgos, Llopis se presentó ese día a las instalaciones del medio de comunicación y procedió a cerrar con un candado el portón principal del edificio. La acción impidió la salida del personal y dejó retenido en su interior al operador de transmisión, Arnold Bejarano De la O, obstaculizando por completo el funcionamiento del canal.

Poco después, y de acuerdo con la acusación fiscal, el señalado envió mensajes ofensivos y discriminatorios dirigidos al periodista Rowe. Además, compartió un video mostrando las llaves del candado, en el que presuntamente reconoce haber bloqueado la operación del medio con la intención directa de silenciar opiniones críticas.

Estas conductas, afirma la Fiscalía, constituyen un atentado frontal contra el ejercicio periodístico y vulneran estándares constitucionales que garantizan la libertad de expresión. El incidente también contraviene principios internacionales que obligan al Estado hondureño a proteger la labor de periodistas y comunicadores sociales.

La FEPRODDHH recalcó que el periodismo libre e independiente es un pilar democrático, y que cualquier acción destinada a intimidar, presionar o censurar a quienes informan al público debe recibir una respuesta firme por parte del sistema de justicia.

En ese sentido, la institución reiteró su compromiso de investigar y judicializar casos en los que se registre hostigamiento o represalias contra comunicadores. Subrayaron que la protección de la prensa es indispensable para garantizar que la ciudadanía acceda a información veraz y plural.

Finalmente, el Ministerio Público señaló que este requerimiento fiscal forma parte de su misión de asegurar que hechos de esta naturaleza no queden impunes, reafirmando que continuará trabajando para fortalecer la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en Honduras.. El ciudadano es señalado por la presunta comisión de los delitos de coacciones y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con la investigación oficial, el caso se remonta al 6 de agosto de 2025, cuando el periodista Cristhian Joel Rowe emitió comentarios en el programa Notidiario, amparados por los principios de libertad de expresión y libertad de prensa. Las autoridades sostienen que dichas declaraciones desencadenaron una reacción violenta por parte del ahora requerido.

Según los hallazgos, Llopis se presentó ese día a las instalaciones del medio de comunicación y procedió a cerrar con un candado el portón principal del edificio. La acción impidió la salida del personal y dejó retenido en su interior al operador de transmisión, Arnold Bejarano De la O, obstaculizando por completo el funcionamiento del canal.

Poco después, y de acuerdo con la acusación fiscal, el señalado envió mensajes ofensivos y discriminatorios dirigidos al periodista Rowe. Además, compartió un video mostrando las llaves del candado, en el que presuntamente reconoce haber bloqueado la operación del medio con la intención directa de silenciar opiniones críticas.

Estas conductas, afirma la Fiscalía, constituyen un atentado frontal contra el ejercicio periodístico y vulneran estándares constitucionales que garantizan la libertad de expresión. El incidente también contraviene principios internacionales que obligan al Estado hondureño a proteger la labor de periodistas y comunicadores sociales.

La FEPRODDHH recalcó que el periodismo libre e independiente es un pilar democrático, y que cualquier acción destinada a intimidar, presionar o censurar a quienes informan al público debe recibir una respuesta firme por parte del sistema de justicia.

En ese sentido, la institución reiteró su compromiso de investigar y judicializar casos en los que se registre hostigamiento o represalias contra comunicadores. Subrayaron que la protección de la prensa es indispensable para garantizar que la ciudadanía acceda a información veraz y plural.

Finalmente, el Ministerio Público señaló que este requerimiento fiscal forma parte de su misión de asegurar que hechos de esta naturaleza no queden impunes, reafirmando que continuará trabajando para fortalecer la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en Honduras.