En la antesala del Día Internacional Contra la Corrupción, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, lanzó un mensaje contundente que sacudió el panorama nacional: Honduras, dijo, sigue atrapada entre los “tentáculos de la corrupción y las redes criminales que han marcado profundamente la vida del país”. Sus declaraciones, lejos de ser protocolares, vinieron acompañadas de acciones concretas que buscan imprimir un nuevo ritmo en la lucha anticorrupción.
Una de las medidas más fuertes anunciadas por Zelaya fue la instrucción directa a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para que, en coordinación con organismos de seguridad, actúe de inmediato sobre la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario enfrenta acusaciones por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II, un expediente que vuelve a cobrar relevancia con el impulso del Ministerio Público.
El fiscal informó además que la solicitud de actuar no solo se hizo a las autoridades nacionales, sino también a aliados internacionales. En particular, señaló que se ha exhortado a INTERPOL a colaborar de manera activa en la ejecución de la orden de captura. “Nuestra lucha es frontal”, afirmó, reiterando que el Ministerio Público no detendrá las investigaciones que involucran a figuras de alto perfil.
Mientras el país observa los movimientos en torno al caso del exgobernante, Zelaya también reveló avances en otras investigaciones internas. Según detalló, ha concluido la primera línea de investigación sobre presuntas irregularidades en diversas instituciones estatales, un trabajo que ya produjo la primera captura.
Como resultado de esta primera fase, fue detenida la exdirectora de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), Dulce María Villanueva Sánchez. La exfuncionaria es señalada por supuestas anomalías cometidas durante su administración, un caso que, según fuentes del Ministerio Público, podría derivar en nuevas acusaciones a medida que avancen las pesquisas.
Zelaya aseguró que estas acciones no responden a motivos coyunturales, sino a una política institucional basada en el compromiso con la legalidad. Recordó que, desde su primer día al frente del Ministerio Público, prometió encaminar cada esfuerzo hacia la búsqueda de la verdad y la justicia para el pueblo hondureño.
El fiscal general insistió en que la corrupción no solo debilita al Estado, sino que también deteriora la confianza ciudadana y profundiza la crisis social. Por ello, adelantó que en los próximos días podrían presentarse nuevos requerimientos fiscales como parte de una estrategia integral para desmantelar redes delictivas.
En medio de un ambiente político tenso y una población expectante, las declaraciones de Johel Zelaya marcan el inicio de una ofensiva anticorrupción que podría redefinir el rumbo judicial del país. “Cada acción responde a ese deber con el pueblo hondureño”, concluyó, enviando un mensaje directo: la impunidad ya no será norma.
