La desarticulación de la banda criminal transnacional conocida como "Los Chiputas" el pasado 26 de noviembre del 2025, no solo frenó un sofisticado esquema de robo de vehículos, sino que provocó un incremento de denuncias, las reportadas por este delito han superado un 90% desde que sus miembros fueron puestos bajo custodia.
Este aumento súbito sugiere que la banda era responsable de una parte abrumadora de los crímenes de robo de automotores en el país y Guatemala.
Esta banda se dedicaba principalmente al robo, transformación y legitimación ilegal de vehículos, esquema que era posible gracias a la colusión de "facilitadores internos" dentro de instituciones públicas clave encargadas de la identidad vehicular. Esta red delictiva explotaba la corrupción para garantizar que los vehículos robados se transformaran y fueran registrados sin problemas.
En ese sentido, estos roba carros obtenian los vehículos en estos dos países a estos se les injertaban las series obtenidas del automóvil siniestrado, proceso que incluye:
• Trasplante de chasis.
• Adulteración o reposición de bloque motor.
• Remoción y colocación de la plaqueta de fábrica.
La banda requería la validación documental, un paso que conseguían a través de sobornos y favores de personal dentro de las instituciones. La clave de su éxito radicaba en la validación documental sin verificación técnica, un claro indicio de la profunda penetración de la corrupción.
Las autoridades dieron a conocer que a raíz de la captura de estos individuos vinculados al robo de vehículos, se incrementó en un 90% las denuncias relacionadas a este delito contra esta banda delictiva.
A pesar de la magnitud de la operación desmantelada y la vinculación directa de los capturados con al menos cinco delitos graves, incluyendo el robo de vehículos, la acción judicial ha generado un profundo rechazo de la población y los cuerpos de seguridad, sembrando dudas sobre el sistema de justicia.
Se conoció que un juez determinó dejar en libertad a los cabecillas y miembros de la banda por varios de los cargos, a pesar que las pruebas presentadas eran contundentes.
La liberación, a pesar de la evidencia robusta, amenaza con minar el esfuerzo policial y envía un mensaje preocupante sobre la impunidad a las estructuras criminales en el país. La ciudadanía exige una investigación inmediata sobre la actuación del juez en este caso de alto impacto.
Se conoció que pese a tener vinculación directa con al menos cinco delitos entre ellos robo de vehículos, un juez determinó dejarles en libertad por varios de ellos.
Demostrando así, un acto de corrupción entre los cuerpos judiciales quienes pese a tener las pruebas presentadas por autoridad policial, estos son dejados libres.