WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos confirmó ayer que, a la dirección del presidente Donald J. Trump, se llevó a cabo un “ataque cinético letal” contra un buque que, según la versión oficial, estaba siendo operado por una organización terrorista designada y se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico oriental. El secretario de Defensa Pete Hegseth difundió el anuncio a través de sus canales oficiales y describió la acción como parte de la campaña estadounidense contra las redes de tráfico de drogas.
Según las autoridades, la inteligencia militar había identificado al barco como implicado en el contrabando ilícito de estupefacientes y transitando por una ruta conocida por este tipo de operaciones. El ataque, que —según la versión oficial— tuvo lugar en aguas internacionales, dejó como resultado la muerte de dos personas a bordo; no se registraron heridos entre las fuerzas estadounidenses que ejecutaron la operación. Los portavoces del Pentágono señalaron que el objetivo era un “elemento operativo” de la organización señalada.
La acción supone la primera confirmación de un golpe público de este tipo en el lado pacífico de la región, y eleva a ocho el número de ataques que Washington ha reconocido en los últimos meses contra embarcaciones que, según EEUU, transportaban drogas o estaban vinculadas a organizaciones calificadas como terroristas. Estas operaciones han generado preocupación en diversos gobiernos de la región por las implicaciones legales y diplomáticas de emplear fuerza letal en aguas internacionales.
En un comunicado difundido en redes sociales, Hegseth advirtió que “los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio” y comparó la amenaza de los cárteles con la que representó Al Qaeda en el pasado, subrayando que no habrá “refugio ni perdón, solo justicia”. La retórica oficial refleja la línea del Ejecutivo sobre el uso de la fuerza como herramienta para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
La escalada de operaciones estadounidenses contra embarcaciones sospechosas ha tensado las relaciones con varios países latinoamericanos. Fuentes diplomáticas citadas por medios internacionales indican que algunos gobiernos han expresado inquietud por la soberanía y la legalidad de los golpes, mientras que Washington argumenta que actúa contra amenazas transnacionales en mar abierto. Expertos legales y representantes de la región han reclamado explicaciones más detalladas sobre los criterios utilizados para designar objetivos y la evidencia que respalda cada acción.
Por su parte, voceros del Gobierno colombiano y de otros Estados costeros han pedido información precisa sobre el lugar exacto del ataque y sobre la presunta afiliación de la embarcación. La administración estadounidense, en tanto, defiende que las operaciones se han efectuado conforme a las autorizaciones presidenciales y los marcos que el Ejecutivo ha establecido en los últimos meses para calificar a los cárteles como amenazas comparables a organizaciones terroristas.
La comunidad internacional observa ahora la respuesta diplomática de los países afectados y las posibles repercusiones en la cooperación regional contra el narcotráfico. Analistas advierten que, más allá del impacto operativo contra rutas de contrabando, las medidas militares de este tipo pueden complicar la coordinación multilateral y reavivar debates sobre la legalidad del uso de fuerza en contextos de lucha contra el crimen transnacional.
